La decisión judicial se basó en el impacto institucional, el riesgo para la investigación y la gravedad del presunto entramado de corrupción en la UNGRD.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó el envío a prisión de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, tras acoger los argumentos de la Fiscalía en el proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se produjo luego de evaluar el material probatorio que, según la magistrada Aura Rosero Baquero, permite inferir la existencia de un entramado delictivo estructurado y con vocación de continuidad, desplegado entre mayo de 2023 y febrero de 2024.

En su análisis, el Tribunal señaló que los hechos investigados trascienden la conducta individual de los procesados y tienen un impacto institucional profundo. La magistrada explicó que el caso refleja una “normalización de prácticas corruptas” desde posiciones de alta jerarquía, con capacidad de influencia estructural en el aparato estatal, lo que compromete la credibilidad del Estado y la vigencia efectiva del orden jurídico.

La decisión judicial también se sustentó en el estado activo de la investigación, que aún se encuentra en desarrollo y podría ampliarse a otras personas. Según el Tribunal, permitir que los exministros permanezcan en detención domiciliaria implicaría un riesgo real de interferencia en el proceso, dada su trayectoria política, redes de contacto y capacidad de incidencia en escenarios institucionales. Por esta razón, se concluyó que la medida adecuada debía ser de mayor intensidad.

El despacho rechazó la solicitud de la Fiscalía de imponer detención domiciliaria, al considerar que esta figura solo puede operar como sustitución de una medida intramural y no como opción inicial en casos de esta gravedad. El Tribunal precisó que el marco legal impide conceder ese beneficio cuando se configuran riesgos institucionales y cuando la magnitud de los hechos exige una respuesta proporcional.

En el caso de Ricardo Bonilla, el Tribunal tuvo en cuenta que, como ministro de Hacienda, ocupaba una posición estratégica en la administración de recursos públicos. Según la imputación, habría delegado en una funcionaria de confianza la gestión y orientación de convenios hacia proyectos respaldados por congresistas, en un esquema que habría priorizado más de 70 iniciativas por un monto superior a los 600.000 millones de pesos.

Respecto a Luis Fernando Velasco, se valoró su rol como ministro del Interior y articulador político con el Congreso. De acuerdo con la investigación, las actuaciones atribuidas no corresponderían a hechos aislados, sino a un patrón en el que se habrían utilizado las competencias del cargo para facilitar el direccionamiento de recursos públicos, con el objetivo de asegurar mayorías legislativas para las reformas del Gobierno.

El Tribunal aclaró que la medida de aseguramiento no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal de los exministros, sino una decisión preventiva orientada a garantizar el normal desarrollo del proceso judicial, evitar interferencias indebidas y proteger la integridad de la investigación mientras continúan las actuaciones de la justicia.