La justicia consideró que los exfuncionarios representan un riesgo para la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, ambos exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se fundamentó en la existencia de un riesgo para la investigación y para la comunidad, derivado de la influencia política e institucional que ambos ejercieron desde sus cargos.

Según la decisión judicial, la detención preventiva resulta idónea y proporcional para evitar presiones indebidas sobre testigos, funcionarios públicos y elementos materiales probatorios. El Tribunal señaló que la investigación se encuentra en pleno desarrollo y que existe la probabilidad de que se adelanten nuevas actuaciones procesales o se profundicen las ya iniciadas respecto de otras personas presuntamente vinculadas a los hechos.

La magistrada que adoptó la medida indicó que el material probatorio presentado por la Fiscalía permite inferir, de manera razonable, la posible existencia de una estructura delictiva con vocación de continuidad, que habría operado entre mayo de 2023 y febrero de 2024. En ese periodo, según el análisis preliminar, se habrían presentado conductas reiteradas asociadas a direccionamiento contractual e interferencias relacionales propias de esquemas de corrupción de alta complejidad.

El fallo precisó que la urgencia de la medida no se sustenta en un riesgo de fuga, sino en la necesidad de impedir la rearticulación o continuidad indirecta de prácticas irregulares que podrían afectar el curso del proceso penal. El Tribunal aclaró que esta valoración no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal de los exministros, sino una decisión propia de la etapa procesal de definición de la medida de aseguramiento.

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación presentó apelación contra la decisión, respaldando la inferencia razonable de autoría y el análisis del peligro para la comunidad, pero cuestionando la interpretación jurídica que llevó a descartar la detención domiciliaria. El Ministerio Público sostuvo que la ley permite solicitar de manera directa esta medida sin que se trate de una sustitución de la detención carcelaria, asunto que ahora deberá ser resuelto por la segunda instancia.