

La muerte de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco reavivó el debate sobre su carrera judicial, los casos de alto impacto que lideró y las polémicas que la pusieron en el centro de la opinión pública.
Heidy Vivian Polanía Franco, de 37 años, se desempeñaba como jueza penal municipal con función de control de garantías en Cúcuta, Norte de Santander. Su fallecimiento fue confirmado en la tarde del 17 de diciembre de 2025, luego de ser hallada sin vida en su apartamento del barrio Ceiba II. En el lugar se encontraba su hijo de dos meses, cuyo llanto alertó al esquema de seguridad y permitió la intervención de la Policía Nacional.
Polanía era una funcionaria judicial con responsabilidades en procesos de alto impacto, especialmente relacionados con estructuras criminales que operan en Cúcuta y en la zona de frontera con Venezuela. Desde su despacho dirigió audiencias concentradas y tomó decisiones en investigaciones sensibles, lo que la ubicó como una figura clave dentro del sistema judicial de la región.
A nivel nacional, su nombre adquirió notoriedad pública en 2022, cuando se difundieron videos captados durante audiencias virtuales en los que apareció fumando y vistiendo ropa interior mientras participaba en una diligencia judicial relacionada con el atentado con carro bomba contra la Brigada XXX del Ejército. El material se viralizó tras la activación accidental de la cámara de su computador y dio lugar a investigaciones disciplinarias.
Por estos hechos, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó inicialmente su suspensión por tres meses; sin embargo, posteriormente fue absuelta. En su decisión, el órgano disciplinario concluyó que no se acreditaban los requisitos necesarios para demostrar que la conducta interfería en el trámite de la investigación o que existiera riesgo de reiteración.
Otro episodio que generó amplia controversia ocurrió en 2023, durante la celebración del Día del Amor y la Amistad en el Palacio de Justicia de Cúcuta, donde Polanía fue grabada recibiendo un show de striptease. El hecho provocó nuevas denuncias y críticas por parte de colegas y sectores del ámbito judicial, incrementando la exposición mediática de la jueza.
En entrevistas posteriores, Polanía defendió su comportamiento apelando al derecho al libre desarrollo de la personalidad y manifestó que la presión pública y las críticas constantes le habían generado afectaciones psicológicas. A pesar de las polémicas, continuó ejerciendo sus funciones judiciales y estuvo al frente de procesos relevantes hasta el momento de su muerte, cuyas causas siguen siendo investigadas por las autoridades competentes.
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