En una nueva alocución y sin prueba alguna Petro acusó a la CIA de falsificar chats de Calarcá que vinculan a Huertas y Mejía con disidencias: “No son chats, se compusieron”; el país exige forense

El presidente Gustavo Petro rompió más de 25 horas de silencio con una alocución televisada en la que tergiversó las pruebas del escándalo de infiltración de las disidencias de alias Calarcá en el Estado, acusando a la CIA de fabricar «informes falsos» para afectar su gobierno. El mandatario salió en defensa del general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y de Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI, suspendidos provisionalmente por la Procuraduría el 27 de noviembre por presunta colaboración con el grupo armado, incluyendo filtraciones de información sensible y planes para empresas de seguridad privada como fachadas.

Petro afirmó que los chats publicados por Noticias Caracol «no son chats, se compusieron», y exigió a la justicia un examen forense para validar su autenticidad, aunque la Fiscalía ya procesó los dispositivos incautados en julio de 2024 mediante cinco informes de la DIJIN. El presidente, que tardó en pronunciarse tras el reportaje del 23 de noviembre, culpó al periodista Ricardo Calderón de publicarlo «en pleno acto electoral» para perjudicar a candidatos de izquierda, y negó que Huertas formara parte de su gobierno en el momento de los hechos, recordando que el general salió del Ejército antes de 2022 y regresó en agosto de 2025. Sin embargo, Huertas apoyó públicamente la campaña de Petro en 2022, y su reintegración ocurrió pese a alertas de EE.UU. en 2022 sobre posibles nexos con grupos ilegales y a indagatorias de la JEP por falsos positivos en Antioquia.

Además, Petro desestimó audios publicados por El Tiempo, donde Mejía supuestamente pedía a un oficial «desviar la atención» y «salvar al presidente de la hoguera» a cambio de ascensos, calificándolos de falsos y exigiendo rectificación al medio, que no la emitió hasta el momento. El mandatario insistió en que las denuncias provenían de «quienes vienen denunciando nexos de corrupción en la Fuerza Pública desde un inicio», y llamó a cortar «lazos entre oficiales del Ejército y la policía» mediante contrainteligencia, no uso político de la información.

Mejía, en entrevista con W Radio el 26 de noviembre, confirmó su amistad con Huertas y reveló que recopiló un dossier sobre el general para presentárselo a Petro, lo que llevó a su reintegración: «Lo que se hizo fue que se le presentó al presidente y unos meses después el mandatario toma la decisión y lo llama. Yo solo aporté una información que tenía». Mejía negó cualquier viaje a Venezuela o reuniones con disidentes, y aseguró confiar en Huertas: «Él no lo hizo, estoy seguro». Huertas, en conversación con Noticias Caracol el 24 de noviembre, negó haber ido a Venezuela o reunirse con guerrilleros: «Lo que sí puedo decir es que hay militares activos y retirados que lo único que quieren es hacerme un montaje».

La Fiscalía, que compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema para indagar a Huertas, intervino el delegado contra la Criminalidad Organizada para establecer amenazas a la seguridad nacional, presunta financiación de la campaña Petro Presidente, alianzas ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales. La Defensoría del Pueblo advirtió que estos hechos obligaban a una «reflexión profunda» sobre la legitimidad de la Paz Total, contrastando la mesa de diálogo con compromisos de desarme y la realidad de expansión territorial del EMC (16 % en 2025, 2.802 combatientes según FIP), control social en Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumio. «¿A cuál debemos darle mayor credibilidad?», cuestionó la entidad, alertando sobre el uso indebido de suspensiones de capturas en Anorí (2024), donde Calarcá viajó con un menor, armas y dinero.

Las disidencias del EMC acusaron a periodistas de «guerra sucia» que ponía en riesgo la paz, negando acercamientos con la Fuerza Pública y calificando la información de «falsa», pese a que los hallazgos están bajo investigación por Defensoría, Procuraduría, Ministerio de Defensa y Fiscalía. El presidente calificó el reportaje de Caracol como «publicado en pleno acto electoral» para perjudicar a candidatos de izquierda, aunque el informe se basó en archivos incautados en julio de 2024.

Desde una perspectiva crítica, las tergiversaciones de Petro no convencen: los chats, procesados forensemente, no son «compuestos» por la CIA, sino evidencia de un gobierno que reintegró a Huertas pese a sombras y que tardó un año en actuar. El silencio inicial de 25 horas y la defensa de suspendidos por Procuraduría apestan a encubrimiento. Colombia, con 578 niños reclutados y 40 masacres en 2025, no tolera más: ¿paz o pacto con traidores? La justicia debe forense, no excusas.