Disidencias del EMC acusaron a periodistas de «guerra sucia» por revelar infiltración de Calarcá en Ejército y DNI: «Ponen en riesgo la paz total»

Las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) arremetieron contra periodistas el 26 de noviembre de 2025, acusándolos de orquestar una «guerra sucia» que ponía en riesgo el proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro, en respuesta al escándalo de infiltración revelado por Noticias Caracol tres días antes. El pronunciamiento, emitido a través de un comunicado en cuentas asociadas al grupo, surgió apenas horas después de que la Procuraduría anunciara la suspensión provisional del brigadier general Juan Miguel Huertas y del directivo de la DNI Wilmar Mejía por presuntos vínculos con la estructura de alias Calarcá, un entramado que incluyó filtraciones de información sensible y planes para empresas de seguridad privada como fachadas para legalizar armamento y movilidad de guerrilleros.

El comunicado de las disidencias aseguró que nunca tuvieron acercamientos con miembros de la Fuerza Pública fuera de la mesa de diálogo y que cualquier información que los relacionara con agentes estatales era «falsa y manipuladora», diseñada para desacreditar la «paz total». Sin embargo, las evidencias incautadas en un retén militar en Anorí (Antioquia) el 23 de julio de 2024, donde se detuvo una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con siete jefes de Calarcá, incluyendo al propio alias Calarcá Córdoba y su compañera Érika, contradecían esa versión. Los dispositivos retenidos –celulares, tablets y memorias USB– contenían chats, correos y cartas que detallaban reuniones en Bogotá para crear una «empresa de seguridad legal» operada «mitad y mitad» con el Estado, entrega de códigos de frecuencias radiales del Ejército para coordinar operaciones y evitar choques, y el uso de vehículos blindados oficiales para transportar disidentes por la capital, evadiendo capturas.

Por parte de la Fiscalía, la investigación avanzó con la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada, enfocado en amenazas a la seguridad nacional, presunta financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022, alianzas con actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales. La fiscalía de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para indagar la conducta del general Huertas, mencionado en los elementos incautados como proponente de la empresa fachada que permitiría a las disidencias portar armas y moverse con impunidad en caso de que los diálogos de paz colapsaran.

El presidente Gustavo Petro rompió su silencio de más de 24 horas el 25 de noviembre en X, cuestionando la veracidad de los chats y acusando a la CIA de fabricar «informes falsos» para desestabilizar su gobierno. «Los chats publicados tampoco son chats, se compusieron. Luego es necesario que la justicia explique, haciendo el examen forense de las pruebas», tuiteó. Petro insistió en que Huertas salió del Ejército antes de su mandato y regresó hace tres meses, y atribuyó las denuncias a quienes «vienen denunciando nexos de corrupción en la Fuerza Pública desde un inicio». También negó los audios publicados por El Tiempo, donde Mejía supuestamente pedía a oficiales «desviar la atención» y «salvar al presidente de la hoguera», calificándolos de manipulados.

La guerrilla relacionó la revelación con una supuesta campaña electoral basada en engaño, pero el escándalo ya trascendió fronteras. El Departamento de Estado de EE.UU. exigió el 25 de noviembre una investigación exhaustiva, recordando que las disidencias del EMC fueron designadas organización terrorista extranjera (FTO). Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que estos hechos obligaban a una «reflexión profunda» sobre la legitimidad de la Paz Total, contrastando la versión de la mesa de diálogo –con compromisos de cese al reclutamiento y desarme– con la realidad territorial: expansión del EMC (16 % en 2025, 2.802 combatientes según FIP), control social en Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumio. «¿A cuál debemos darle mayor credibilidad?», cuestionó la entidad, alertando sobre el uso indebido de suspensiones de capturas en Anorí, donde Calarcá viajó con un menor, armas y dinero.

La Procuraduría, que suspendió a Huertas y Mejía el 27 de noviembre por «conducta gravísima», avanzó en recolección de pruebas para determinar si configuraron colaboración con GAO. El Ministerio de Defensa ordenó investigación interna, y la Fiscalía abrió indagatoria contra la Criminalidad Organizada. Huertas y Mejía negaron montaje; Petro culpó a la CIA. Mientras, el EMC creció en zonas de narcotráfico y minería ilegal, dejando 15 menores muertos en bombardeos contra rivales como Mordisco.

Desde una perspectiva implacable, el arremetimiento de Calarcá no es defensa; es pánico ante el destape de una «paz total» que pactó con traidores. Chats que proponen empresas fachada no son «guerra sucia»; son evidencia de infiltración que Camargo ignoró un año. Petro, culpando a la CIA sin forense, ignora que su reintegración de Huertas (señalado por EE.UU. en 2022) sembró la semilla. Colombia, con 578 niños reclutados, no tolera más: ¿investigación o impunidad? La Defensoría clama credibilidad; el país, justicia.