Fiscalía ocultó pruebas de nexos entre disidencias de Calarcá y general Huertas y directivo de la DNI: Caracol destapó el escándalo que la fiscal Camargo dejó dormir un año

El 23 de noviembre de 2025, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sacudió los pilares del gobierno de Gustavo Petro con una revelación que trascendió el escándalo periodístico para convertirse en una bomba de tiempo judicial y política: evidencias técnicas incautadas hace más de 16 meses demostraron nexos directos entre las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá y altos funcionarios del Estado, incluyendo al general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Computadores, celulares y documentos decomisados durante un retén militar en julio de 2024 contenían chats, correos y cartas que detallaban reuniones secretas, planes para crear empresas de seguridad como fachadas para legalizar armas y movilidad guerrillera, filtraciones de información reservada y pactos de no agresión en zonas clave como el Catatumio. Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo no abrió ni un solo proceso formal con esa información, un silencio que generó una avalancha de críticas y demandas de renuncia, cuestionando si se trató de negligencia institucional, presiones políticas o un encubrimiento deliberado en el marco de la «paz total».

El origen del escándalo se remontó al 23 de julio de 2024, cuando el Ejército Nacional montó un retén en Santo Domingo, en el Nordeste antioqueño, y detuvo una caravana de siete jefes de las disidencias de Calarcá que viajaba custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Entre los ocupantes figuraban alias Calarcá Córdoba, su compañera Erika y un menor de edad, lo que constituía una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y un delito penal por reclutamiento forzado. La fiscal Camargo ordenó de inmediato la liberación de los disidentes, argumentando que su estatus como «gestores de paz» impedía cualquier captura. No obstante, las autoridades retuvieron las pertenencias de los jefes, incluyendo más de cien dispositivos electrónicos: memorias USB, celulares y computadores que, una vez analizados, dejaron al descubierto un entramado de presunta colusión entre el grupo armado ilegal y el aparato estatal.

Un análisis forense de esos equipos, corroborado por 14 fuentes de la DNI, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas consultadas por Caracol, reveló detalles que helaron la sangre: chats y correos electrónicos que describían reuniones en Bogotá para establecer una «empresa de seguridad legal» operada en sociedad con el Estado, filtraciones de códigos de frecuencias radiales del Ejército para coordinar movimientos y evitar choques con la Fuerza Pública, y el uso de camionetas blindadas oficiales para transportar a miembros de las disidencias fuera de zonas de control militar. Una carta del 8 de febrero de 2024, enviada a Calarcá por uno de sus lugartenientes, narraba una conversación con Huertas –quien en ese momento estaba retirado, pero fue reintegrado al Ejército por Petro en julio de 2025 a pesar de señalamientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por presuntos falsos positivos en Antioquia durante su mando anterior. En la misiva, Huertas proponía montar la empresa «mitad y mitad»: él se encargaría de los permisos para pistolas y fusiles a través de Indumil, mientras las disidencias aportarían «los muchachos y las armas». «El general dice que eso es una buena inversión porque llegado el momento en que todos esos procesos fallen, quedamos con hombres legales», detallaba el texto, que también mencionaba una compañía de máximo 20 hombres para evadir retenes y controles carreteros.

La carta no se limitaba a la propuesta empresarial; aludía a estrategias para eludir la justicia, incluyendo el uso de vehículos estatales para movilizaciones seguras. Huertas, quien apoyó públicamente la campaña presidencial de Petro en 2022 y había sido destituido por el entonces comandante Eduardo Enrique Zapateiro por los señalamientos de falsos positivos, emergió como figura central en este presunto puente entre el crimen y el Estado. Su reintegración en 2025, a un cargo sensible que maneja nombramientos y traslados militares, generó sospechas inmediatas de favoritismo político, pero el silencio de la Fiscalía amplificó el escándalo.

Wilmar Mejía, el segundo implicado, apareció mencionado como el «puente» clave para la inteligencia. Fuentes internas lo describían como el «verdadero poder en la DNI», influyendo en ascensos y operaciones sensibles. Un correo incautado detallaba su rol en un viaje a Venezuela junto a Huertas para recopilar «pruebas» sobre la muerte de un «camarada» de las disidencias. Mejía, apodado «El Chulo» por los guerrilleros debido a su función de intermediario entre criminales y «chulos» (oficiales del Ejército), habría filtrado códigos de frecuencias radiales del Ejército, permitiendo a Calarcá conocer operaciones en curso en Antioquia, el Catatumio y el sur de Bolívar para «coordinar no chocarse» y mantener cero bajas mutuas. A cambio, se pactó una no agresión en esas zonas, un acuerdo que salvó vidas militares pero expuso la vulnerabilidad de la inteligencia estatal.

El testimonio anónimo de un jefe disidente, grabado por Caracol, pintó un cuadro aún más sombrío: «Gracias a la información de Mejía y Huertas, varios con orden de captura se movilizaron libres por Bogotá en carros blindados del Estado. Nos reunimos con ellos y el director de Indumil, Juan Carlos Mazo, para armar la empresa de seguridad que nos protegería». Las fotos y audios adjuntos mostraban vehículos oficiales transportando guerrilleros, mientras chats aludían a «aportes de campaña» para Petro Presidente en 2022, a cambio de «protección futura». Calarcá, que opera en Antioquia y el Catatumio y ha sido señalada por la Fiscalía como posible responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, emergió como beneficiaria de esta presunta red, mientras el Gobierno priorizaba la persecución de Iván Mordisco con 13 bombardeos en 2025 que dejaron 15 menores muertos.

La inacción de la Fiscalía se convirtió en el detonante de la indignación nacional. Desde julio de 2024, cuando se retuvo el material, no se expidió un solo auto de apertura de investigación, ni citaciones a los implicados, ni allanamientos a sus domicilios. Camargo, quien ya enfrentaba críticas por la «operación tortuga» en casos sensibles como el de Nicolás Petro, quedó en el ojo del huracán. Opositores como María Fernanda Cabal exigieron su renuncia inmediata: «Petro y Camargo deben explicaciones; investiguen la financiación de campaña o admitan el encubrimiento». El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que había denunciado desde 2024 la «sospechosa benevolencia» del Gobierno con Calarcá, reiteró el 24 de noviembre: «Estas revelaciones ratifican lo que denuncio hace un año: el Gobierno protege a disidencias mientras bombardea a Mordisco. Es hora de respuestas».

El debate público se intensificó en redes sociales, donde #FiscaliaInfiltrada superó las 150.000 menciones en 24 horas. Analistas como Vicky Dávila tuitearon: «Un año de silencio ante pruebas de traición al uniforme. Camargo, renuncie ya». Juan Carlos Pinzón, exministro, agregó: «Daño infame al país; la DNI no puede ser puente al narco». Fuentes internas de la Fiscalía, anónimas, atribuyeron la parálisis a «presiones superiores» para no salpicar al Ejecutivo, recordando que Camargo liberó a Calarcá como «gestor de paz» pese al menor a bordo. Otras especularon con falta de voluntad: el caso implicaba a reintegrados por Petro, como Huertas (destituido en 2022 por Zapateiro por falsos positivos), y alusiones a Francia Márquez como canal de «acuerdos en campaña». La sobrecarga institucional también jugó: con 578 reclutamientos infantiles en 18 meses y 3.001 toneladas de cocaína en 2024, la Fiscalía priorizó narcotráfico sobre infiltración.

El 24 de noviembre, el ministro de Defensa Pedro Sánchez ordenó una investigación interna y exigió celeridad a la Fiscalía: «Calarcá y Mordisco son criminales; captura inmediata si flagrancia». La Procuraduría abrió indagatoria disciplinaria contra Huertas y Mejía por «conducta gravísima», con posibles inhabilidades perpetuas. El general Huertas negó todo: «Montaje; nunca fui a Venezuela ni me reuní con disidientes». Mejía coincidió: «Difamación; no promuevo seguridad ni viajo a Venezuela». Augusto Cubides, jefe de prensa de Petro, consultó internamente sin respuesta pública. Francia Márquez rechazó reuniones con «criminales», insistiendo en que su campaña de 2022 fue «transparente». Mazo, director de Indumil, guardó silencio.

El escándalo expuso la fractura de la «paz total»: Calarcá, cobijada por diálogos, operaba con impunidad mientras Mordisco enfrentaba 13 bombardeos que mataron 15 menores. El país, indignado, demandó no solo investigación, sino depuración: ¿cuándo Camargo actúa? ¿O la Fiscalía es rehén del Palacio? En un Estado donde la inteligencia se filtra al enemigo, el silencio de 16 meses no fue error; fue elección. Colombia, con su historia de traiciones, no puede permitírselo más.