El Ejército halló un depósito camuflado de explosivos de disidencias de Iván Mordisco en Jamundí: 14 granadas y 25 libras de pólvora para atentados contra Fuerza Pública

El Valle del Cauca, tierra de contrastes donde el verde de las cañas se tiñe de rojo por la violencia, vivió otro capítulo de su calvario con el descubrimiento de un depósito camuflado de explosivos en la zona rural del corregimiento de San Antonio, Jamundí. Tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, en operación conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Fiscalía General de la Nación, desmantelaron el arsenal, frustrando lo que podría haber sido una oleada de atentados contra la Fuerza Pública y la población civil.

El teniente coronel Juan Manuel Jaimes, comandante del Batallón de Infantería Nº 23 Pichincha, detalló que el escondite estaba oculto en la espesa vegetación, a pocos metros de una trocha sin pavimentar, un sitio ideal para la logística criminal. El botín: 14 granadas de fabricación artesanal, 25 libras de pólvora negra, 100 metros de mecha lenta, 300 metros de cable dúplex, un chaleco multipropósito y cartuchos de diferentes calibres. «Con estos artefactos se pretendían acciones terroristas dirigidas contra las tropas que adelantan control de seguridad en la zona, pero también contra habitantes y transeúntes que a diario se movilizan por la zona», advirtió un reporte del Ejército.

El material, vinculado al Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco, fue destruido de forma controlada tras cerrar la vía al corregimiento, garantizando la seguridad de los locales. Jaimes enfatizó que «las acciones de estos grupos al margen de la ley vulneran flagrantemente los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la población civil». Esta estructura, que opera en el sur del Valle y norte del Cauca, ha intensificado sus hostilidades con emboscadas y drones explosivos, controlando rutas clave para el narcotráfico y extorsiones.

El hallazgo no es aislado; es el eco de una escalada que azota Jamundí desde octubre. El 9 de octubre, en el vecino corregimiento de Robles, disidencias lanzaron dos cilindros bomba contra la subestación de Policía, uno de los cuales explotó prematuramente en una vivienda civil. El saldo: 11 afectados, entre ellos dos niñas de cinco años y dos adultos mayores, con aturdimientos, lesiones auditivas y daños estructurales en 18 casas. «Escuché el ‘bum’. Me preocupé y busqué a mi hijo. La casa quedó con destrozos, todo era angustia», relató una víctima afrodescendiente, cuya pared separatoria se derrumbó, dejando enseres entre ladrillos. Siete heridos terminaron en el Hospital Piloto de Jamundí; las otras cuatro recibieron atención ambulatoria. La gobernadora Dilian Francisca Toro confirmó entonces: «Ese era un carro que venía de Timba con dos cilindros que iban a ser lanzados contra la subestación. Uno explotó antes de llegar, dejando cuatro heridos».

El 31 de octubre, el terror repitió: un ataque con drones cargados de explosivos impactó la misma subestación, dejando daños materiales pero sin heridos graves. La Alcaldía de Jamundí activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar y coordinar, mientras la comunidad, harta, clamaba: «Ya estamos cansados, hasta cuándo. El 9 de octubre, otro ataque afectó casas. Vivimos con miedo. No sabemos si quedarnos, si aguantar». La Policía Metropolitana de Cali, con jurisdicción en la zona, confirmó 11 explosiones en total, recomendando evacuaciones de dos cuadras. Por fortuna, no hubo muertes, pero el impacto psicológico es devastador: familias confinadas, niños traumatizados y un éxodo silencioso de labriegos que ya no ven futuro en la tierra.

El Frente Jaime Martínez, bautizado en honor a un excomandante de las FARC, domina Jamundí como feudo: redes urbanas en Cali, presencia en Buenaventura y Dagua, y control de corredores como Cali-Jamundí. Mordisco, que en noviembre amenazó las elecciones de 2026 por «avanzada guerrerista», usa estos atentados para presionar al Gobierno Petro, cuya «paz total» ha fallado en desmantelar su estructura. En 2025, el Valle suma 40 homicidios colectivos; Jamundí, con su subestación de Robles como blanco recurrente, es epicentro. La Tercera Brigada, que ahora intensifica operativos, incautó el depósito tras inteligencia de meses, pero el Ejército advierte: «Continuaremos empleando todas nuestras capacidades por el bienestar y la seguridad de las comunidades».

Desde una perspectiva crítica, este depósito camuflado no es victoria pírrica; es el pulso de un conflicto que Petro no controla. Disidencias fortalecidas por cocaína –261.000 hectáreas en 2024, récord ONU– financian drones y granadas, mientras el Estado responde con destrucción controlada que no tapa el vacío de presencia civil. Jamundí, con sus labriegos aterrorizados, clama no por explosiones frustradas, sino por Estado permanente: escuelas seguras, vías pavimentadas y justicia que no archive denuncias como la de Pacho Malo. Toro, que invirtió 500 mil millones en seguridad, exige coordinación con Cauca; Petro, en su silencio, deja al Valle a merced de Mordisco. ¿Hasta cuándo? Mientras el arsenal arde en San Antonio, el terror sigue latiendo en Robles.