

Nicolás Petro propuso contrato de confidencialidad a Day Vásquez en 2022: “Tú tienes cosas mías y yo cosas tuyas”; defensa de Laura Ojeda denuncia amenazas
El caso de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, no se reduce a transacciones financieras opacas o campañas electorales empañadas; se ha convertido en un melodrama público donde chats privados, amenazas veladas y pactos de silencio emergen como munición en una guerra de narrativas que erosiona no solo reputaciones, sino la frágil confianza en la justicia colombiana. El detonante reciente fue la revelación por parte de Daysuris Vásquez C, la testigo clave en el proceso y exesposa de Nicolás, de un intercambio de mensajes de finales de 2022 que expone un intento desesperado del exdiputado por sellar un acuerdo de confidencialidad, un documento que, en su crudeza, revela no solo tensiones conyugales, sino el temor a que “cosas” mutuas salgan a la luz.
El chat, publicado por Vásquez en su cuenta de X el 20 de noviembre de 2025, inicia con un Nicolás Petro que busca cierre: “Tanto tú como yo ya queremos tener tranquilidad. Te propongo que nos divorciemos, que conciliemos y hasta que se firme un contrato de confidencialidad y todos quedar más tranquilos”. La propuesta no es inocente; en el contexto de una separación que ya olía a infidelidades –Nicolás había iniciado una relación con Laura Ojeda, amiga cercana de Vásquez–, el pacto de silencio apunta a enterrar no solo rencores personales, sino evidencias que podrían complicar su futuro político y judicial. Vásquez, con la contundencia de quien ya ha delatado dineros irregulares en la campaña presidencial de 2022, rechazó de plano: “No voy a firmar el divorcio, ni mucho menos un contrato de confidencialidad”. Nicolás insistió: “Entonces firmemos el contrato de confidencialidad”. Ella, sin titubeos, replicó: “Yo no tengo nada que ocultar. ¿Tú sí?”. La respuesta de él, un dardo que resume la toxicidad del lazo: “Tú tienes cosas mías y yo también tengo cosas tuyas”.
Esta frase, cargada de insinuaciones sobre secretos compartidos –¿fotos íntimas, grabaciones, pruebas de infidelidades o algo más oscuro como flujos financieros ocultos?–, no es mera bravata conyugal; en el marco del proceso judicial, adquiere peso probatorio. Vásquez, quien obtuvo principio de oportunidad al confesar su rol en el lavado de al menos 600 millones de pesos provenientes de fuentes ilícitas –incluyendo el exnarco Santo Lopesierra–, usó el chat para desmentir al abogado de Nicolás, quien la tildó de “emprendedora de odio”. “Siempre hay pruebas. Parece que tus clientes no te tienen confianza y por eso no te dicen la verdad. Y por eso continúas cometiendo errores”, le espetó ella al letrado en X, recordando que todo ocurrió a finales de 2022, cuando el escándalo de los dineros sucios ya bullía en privado. Su cierre, un grito de hartazgo: “Si se va a caer el parque, que se caiga!!!”.
La réplica no se hizo esperar. Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás y figura controvertida en el enredo –acusada por Vásquez de ser la tercera en discordia–, entró al ruedo con un contraataque que añade capas de victimismo y legalidad. En X, el 20 de noviembre, Ojeda compartió un documento de “acuerdo de confidencialidad” fechado en noviembre de 2022, entre ella y Vásquez, que comprometía a ambas a no divulgar “información privada”. “Ante las amenazas de Day Vásquez de divulgar fotos y videos íntimos míos que aún tiene en su poder, evidencias que pronto conocerán!! Nicolás propuso un acuerdo de confidencialidad (Documento que se realizó pero nunca se firmó)”, escribió. Agregó que este pacto fallido es un “delito que nunca ha investigado la Fiscalía y por el cual no obtuvo el principio de oportunidad”, insinuando que Vásquez, al revelar chats, viola no solo la intimidad, sino un entendimiento previo que podría haberle costado su inmunidad judicial.
Desglosemos este nudo gordiano, porque no es solo chisme familiar; es un microcosmos de cómo el poder –heredado o aspirado– se entreteje con la impunidad. El chat de 2022 no surge en vacío: ocurre meses después de que Nicolás, como coordinador de la campaña presidencial en el Atlántico, recibiera sumas millonarias destinadas a la causa petrista, pero desviadas a lujos personales –un lote en Barranquilla, deudas, ropa de marca y un viaje a Punta Cana con Ojeda, según confesiones de Vásquez en la Fiscalía. Ella, al delatarlo, salvó su pellejo con principio de oportunidad, pero pagó con aislamiento: hoy, amenazada y estigmatizada como “vengativa”, usa X como tribunal popular para contrarrestar lo que percibe como mentiras del equipo de Nicolás. Él, imputado por lavado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, enfrenta un expediente que incluye chats previos donde discute testaferros para ocultar bienes, como un Mercedes Benz a nombre del padre de Vásquez.
La defensa de Vásquez, liderada por Alaid Freja, no se queda en réplicas digitales; el 16 de noviembre pidió a la Procuraduría vigilancia estricta en el proceso de reparto de la audiencia que decidirá si se revoca o no su principio de oportunidad. La alerta surgió porque el abogado de Nicolás, Jaime Granados, publicó en X la fecha del 18 de noviembre para la diligencia –antes de la notificación oficial a Fiscalía, Ministerio Público y defensa de Vásquez–, encendiendo sospechas de filtraciones que podrían comprometer la imparcialidad. “Mientras nosotros fuimos notificados el jueves, él ya lo sabía”, denunció Freja, exigiendo intervención para evitar “manipulaciones” en Barranquilla, donde el caso se ramifica.
Nicolás Petro no solo responde por el lavado de campaña; la Fiscalía le endilgó, en septiembre de 2025, cargos por interés indebido en contratos, falsedad en documento público y privado, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio, derivados de su época como diputado del Atlántico. Estos incluyen presuntas irregularidades en adjudicaciones y testimonios manipulados, un patrón que el chat de confidencialidad parece reforzar: un intento de silenciar pruebas que podrían hundirlo más. Gustavo Petro, desde la Casa de Nariño, ha minimizado el escándalo como “venganza pasional” orquestada por el “clan Char” y una “junta del narcotráfico” en la Fiscalía, pero su silencio sobre el pacto propuesto por su hijo –que huele a encubrimiento– alimenta críticas de doble moral en un gobierno que prometió transparencia.
Desde una lente implacable, este episodio ilustra el cinismo de una dinastía política que usa el dolor ajeno como escalón. Nicolás, el hijo rebelde que Petro no “crió” del todo, acumula errores que salpican al padre: chats que revelan no solo infidelidades, sino un pánico a la verdad que trasciende lo personal. Vásquez, de víctima a delatora, encarna la fractura de lealtades en el petrismo; Ojeda, la defensora leal, inyecta veneno con acusaciones de extorsión que la Fiscalía ignora. El “tú tienes cosas mías” no es coqueteo; es amenaza mutua en un juego donde la Fiscalía, lenta y asediada, debe desentrañar si hay más que intimidad en juego –quizá evidencias de testaferros o flujos ilícitos que Vásquez guarda como as bajo la manga.
El 18 de noviembre, la audiencia en Barranquilla definirá si Vásquez pierde su inmunidad, pero el daño ya está hecho: un proceso que debería ser sobre justicia se ha convertido en circo de X, donde likes valen más que pruebas. Nicolás Petro, con su legado de “errores continuos”, no solo arriesga cárcel; cuestiona la herencia de un padre que, en su silencio, parece avalar el pacto de silencio que su hijo anhelaba. Colombia, harta de escándalos presidenciales, merece más que chats virales: merece que la verdad, por dolorosa que sea, no se selle con contratos fallidos.
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