La Contraloría alerta por $6,1 billones en contratos firmados el 7 de noviembre, 1 día antes de iniciar la ley de garantías: Una concentración atípica antes de vigencia Ley de Garantías Electorales 2025

La Contraloría General de la República emitió el 14 de noviembre de 2025 una alerta que confirmó lo que muchos sospechaban: el Estado colombiano aceleró de forma anómala la contratación pública justo antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías Electorales. El dato fue contundente: el 7 de noviembre —último día hábil antes de las restricciones— se comprometieron $6,1 billones en convenios y contratos interadministrativos, cifra que representó el 68 % de todo lo firmado durante la primera semana de noviembre y que multiplicó por 2,9 el promedio mensual registrado entre enero y agosto de ese año.

Durante los primeros siete días de noviembre, la contratación interadministrativa alcanzó los $9 billones, monto que superó ampliamente los niveles habituales de 2025. El pico del día 7 mostró un incremento del 190 % respecto al comportamiento histórico, lo que llevó a la Contraloría a calificar el fenómeno como una concentración “altamente atípica” y un indicador crítico de procesos acelerados para evitar el bloqueo que impuso la Ley 996 de 2005 a partir del 8 de noviembre.

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) concentró $770 mil millones de esa semana, equivalentes al 8,5 % del total nacional, y se convirtió en la entidad más destacada del informe. La Contraloría anunció que continuaba el análisis territorial para determinar cómo se distribuyeron esos recursos por departamentos.

La alerta surgió del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) activó el 10 de noviembre de 2025. Este sistema revisó los contratos firmados en septiembre ($4 billones), octubre ($3,5 billones) y los primeros siete días de noviembre, con énfasis en modalidades, objetos contractuales y entidades ejecutoras. El objetivo fue identificar operaciones sensibles —eventos, logística, suministros— que suelen dispararse en época preelectoral.

La Contraloría explicó que la congestión del 7 de noviembre reflejó decisiones adelantadas para cerrar procesos antes de las restricciones de la Ley de Garantías, norma que desde 2005 prohibió durante los cuatro meses previos a elecciones la celebración de convenios interadministrativos susceptibles de influir en la contienda. Aunque la ley no impidió firmar antes del 8 de noviembre, la entidad consideró que la concentración en un solo día evidenció fallas graves de planificación y posibles maniobras para blindar recursos contra el escrutinio electoral.

Con esta primera alerta de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la Contraloría buscó anticipar riesgos y garantizar que los $9 billones comprometidos en esa semana no se destinaron a fines distintos al interés general ni violaron el espíritu de la Ley de Garantías.