Salvatore Mancuso se retractó ante Fiscalía: no le consta ninguna de las acusaciones que hizo a Uribe como la participación en asesinato de exalcalde Eudaldo Díaz por AUC en El Roble, Sucre

La retractación de Salvatore Mancuso ante la Fiscalía no es un mero trámite judicial; es un giro que expone las fisuras de la justicia transicional en Colombia, donde las confesiones de exparamilitares se convierten en armas políticas que se afilan o embotan según el viento del poder. El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), extraditado y ahora designado gestor de paz por el Gobierno de Gustavo Petro, modificó su versión sobre el asesinato del exalcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo León Díaz. En una audiencia de conciliación, Mancuso aclaró que no tiene conocimiento directo ni evidencia que sustente su anterior señalamiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien había vinculado con el crimen perpetrado por las AUC en febrero de 2003.

Este cambio de postura surge en el contexto de una querella por injuria y calumnia radicada por Uribe, quien argumentó que las declaraciones de Mancuso lo ligaban sin pruebas a acciones criminales de los paramilitares. Lo que en mayo de 2023 sonó como una bomba en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –donde Mancuso relató que Uribe retiró el esquema de seguridad de Díaz tras una denuncia pública en un consejo comunitario, facilitando así el asesinato– se diluye ahora en una propuesta de conciliación. Mancuso, con la precisión de quien mide cada palabra para no tropezar con la ley, expresó: “En consecuencia, manifiesto que no me consta que el doctor Álvaro Uribe Vélez hubiera participado en la lamentable acción criminal perpetrada por las AUC que acabó con la vida del señor Eudaldo León Díaz, exalcalde del municipio del Roble”. No es una absolución entusiasta, sino una retractación calculada que deja en el aire si se trata de verdad tardía o de conveniencia procesal.

Desglosemos el núcleo de esta retractación. Mancuso, en su propuesta entregada a la Fiscalía, no solo niega constancia de participación directa o indirecta de Uribe en el homicidio, sino que reitera su compromiso con la colaboración judicial dentro de los límites legales. “Mantengo mi obligación de contribuir a la verdad judicial dentro del marco legal, y confirmo que no me consta ninguna implicación del expresidente en los hechos objeto de esta querella”, escribió. Esta frase, repetida en el documento, subraya un principio básico de la justicia: las declaraciones no son pruebas, y cuando se emiten sin respaldo, devienen en calumnias que exigen reparación. La Fiscalía, al recibir esta propuesta, programó para el 4 de diciembre de 2025 la diligencia donde los abogados de Uribe evaluarán si las disculpas y la retractación bastan para cerrar el caso o si persisten daños irreparables al buen nombre del expresidente.

El contexto del crimen que desató esta tormenta judicial es tan crudo como el de tantos en la historia paramilitar de Colombia. Eudaldo León Díaz, alcalde de El Roble en Sucre, había pedido ayuda dos meses antes de su muerte. El 1 de febrero de 2003, durante el Consejo Comunitario número 17 de Uribe en Corozal, Sucre, Díaz se paró ante el presidente y denunció públicamente que su vida peligraba por órdenes del entonces gobernador de Sucre, Salvador Arana, presuntamente vinculado a paramilitares. “En un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe, que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, relató Mancuso en mayo de 2023 ante la JEP, describiendo cómo las AUC ejecutaron el asesinato por orden de Arana. Mancuso agregó entonces que tenía información clave, pero la reservaría por razones de seguridad, presunción de inocencia y para evitar manipulaciones que eludieran la justicia. Esa versión, ratificada en un comunicado posterior, encendió la mecha de la querella de Uribe, quien negó categóricamente haber ordenado el retiro de protección y afirmó que, al contrario, su gobierno incrementó esquemas para más de 300 alcaldes amenazados, sin importar su filiación política.

Desde una lente crítica, esta retractación invita a cuestionar la solidez de los aportes a la verdad en la JEP. Mancuso, que en 2023 pintó un cuadro donde Uribe facilitaba el crimen al desproteger a Díaz, ahora admite que no le consta nada. ¿Fue la acusación inicial un arrebato de memoria selectiva, influida por venganzas personales –como Uribe mismo sugirió, recordando advertencias sobre represalias tras su extradición en 2008– o un intento de presionar políticamente al expresidente en medio del proceso de paz total? La JEP, diseñada para esclarecer el conflicto sin revictimizaciones, se ve aquí como un escenario donde las verdades se negocian, no se fijan. Mancuso, extraditado hace 15 años y liberado condicionalmente en 2024 para actuar como gestor de paz, tiene un rol delicado: aportar sin dañar inocentes. Su retractación, aunque alivia la querella inmediata, no borra el eco de sus palabras previas, que alimentaron narrativas polarizadas en un país donde el pasado paramilitar sigue siendo munición para el presente político.

Uribe, por su parte, ha defendido su versión con la tenacidad de quien ha enfrentado siete procesos en la Corte Suprema. En 2023, tras las declaraciones iniciales de Mancuso, tuiteó que nunca ordenó retirar protección a Díaz y que los paramilitares, como la guerrilla, atacaban a líderes locales pese a los esfuerzos presidenciales. “Cuando empezó nuestro Gobierno había más de 300 alcaldes que no podían estar en sus municipios por presiones de terroristas. Los protejimos a todos”, escribió, enmarcando el incidente en una política de seguridad integral que, para sus defensores, salvó vidas, pero para críticos, convivió con tolerancias ambiguas hacia paramilitares. La retractación de Mancuso valida en parte esa defensa: sin evidencia, las acusaciones se desmoronan como castillos de arena, dejando expuesta la fragilidad de testimonios que se emiten sin corroboração.

Profundicemos en el impacto de este episodio en la dinámica de la justicia transicional. La JEP, con su énfasis en la verdad como reparación, depende de la credibilidad de postulados como Mancuso. Cuando un exjefe paramilitar acusa a un expresidente de complicidad en un asesinato –citando detalles vívidos como el consejo comunitario– y luego se retracta por “falta de constancia”, se erosiona la confianza en el sistema. ¿Cuántas verdades judiciales se construyen sobre afirmaciones no probadas? Mancuso, en su propuesta, reconoce el alcance público de su palabra como postulado: “Con este escrito, reconozco que, como postulado compareciente ante los mecanismos de justicia transicional, mi palabra tiene un alcance público”. Es un mea culpa que, sin embargo, no explica por qué esa palabra se soltó inicialmente sin filtros. La audiencia del 4 de diciembre no solo decidirá sobre la querella –que podría archivarse si Uribe acepta la conciliación– sino que pondrá a prueba si la disculpa repara el “malestar, incomodidad personal o considera afectado su buen nombre”, como Mancuso lo formula con eufemismos que suenan a fórmula legal.

El asesinato de Eudaldo Díaz no se reduce a un pleito entre Mancuso y Uribe; es un microcosmos del terror paramilitar en Sucre, donde Arana –condenado años después por concierto para delinquir– orquestaba operaciones con las AUC. Díaz, un alcalde humilde que osó denunciar en vivo ante el presidente, pagó con su vida esa audacia. Dos meses después de su alerta, sicarios lo acribillaron, y el retiro de su esquema –real o no– se convirtió en símbolo de fallas estatales. Mancuso, al relatarlo en 2023, prometió detalles privados por seguridad, pero ahora esa promesa se desvanece en la retractación. Para las víctimas, como la familia de Díaz, esto no es abstracción: es la perpetua espera de una verdad que no se manipule ni se retire como un esquema de protección.

Críticamente, este caso ilustra el cinismo de un proceso de paz donde los verdugos se reinventan como pacificadores. Mancuso, de bloquear fincas en Córdoba a negociar en Bogotá, usa la JEP como escudo y espada, retractándose cuando la querella aprieta. Uribe, anclado en su narrativa de mano dura, ve validada su inocencia parcial, pero el daño reputacional persiste en un ecosistema mediático que amplifica lo sensacional. La Fiscalía, al mediar esta conciliación, debe velar por que no sea un pase libre: la calumnia agravada no se disuelve con disculpas tibias. Si el 4 de diciembre se cierra sin más, quedará la duda de si la verdad transicional es un lujo para elites políticas, mientras las viudas de El Roble esperan justicia real.

En última instancia, la retractación de Mancuso no absuelve el pasado; lo relativiza. Colombia, atrapada entre la impunidad paramilitar y la polarización uribista, necesita más que conciliaciones: necesita evidencias irrefutables que desentrañen no solo quién quitó un esquema, sino por qué un alcalde tuvo que suplicar por su vida en un consejo presidencial. Hasta entonces, casos como el de Eudaldo Díaz seguirán siendo ecos de un conflicto que se resuelve en salas de audiencias, no en las calles de Sucre.