La decisión del presidente Gustavo Petro de interrumpir la cooperación de la Fuerza Pública con las agencias de seguridad de Estados Unidos abrió una nueva crisis diplomática y jurídica. Su orden, motivada por los ataques con misiles contra narcolanchas en el Caribe, amenaza con perjudicar su propia defensa frente a las sanciones que le impuso el Departamento del Tesoro, que lo incluyó en la Lista Clinton junto a su esposa, su hijo Nicolás Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti.

La decisión del presidente Gustavo Petro de suspender la cooperación de inteligencia entre la Fuerza Pública y las agencias de seguridad de Estados Unidos desató una tormenta política y diplomática sin precedentes. El mandatario anunció la medida a través de su cuenta de X, donde ordenó detener el envío de comunicaciones y cualquier tipo de articulación con los organismos estadounidenses mientras continúen los ataques con misiles contra lanchas usadas por narcotraficantes en aguas del Caribe. La orden se emitió sin consultar previamente al Ministerio de Defensa ni a la cúpula militar, lo que intensificó la preocupación institucional frente a una decisión que altera décadas de cooperación bilateral en seguridad.

El presidente intentó justificar su orden señalando que, según él, algunos funcionarios de agencias estadounidenses estarían actuando “no para atacar a narcotraficantes, sino para atacar al presidente, su familia y su posición política”, un señalamiento que elevó aún más la tensión diplomática. Petro insistió en que su potestad constitucional como comandante supremo de las Fuerzas Militares le permite tomar decisiones sin consulta previa, incluso si estas rompen la coordinación histórica con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, expertos en seguridad y diplomacia advierten que la medida llega en el peor momento posible: justo cuando Petro intenta salir de la Lista Clinton, una sanción que lo vincula directamente con riesgos de narcotráfico.

El Departamento del Tesoro incluyó al presidente colombiano en la Lista Clinton el 23 de octubre, junto con la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro Armando Benedetti. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue contundente al anunciar la medida: aseguró que, bajo el gobierno de Petro, la producción de cocaína alcanzó niveles históricos y que el presidente ha permitido el fortalecimiento de los carteles. La sanción se ampara en la Orden Ejecutiva 14059, firmada por Donald Trump, que castiga a extranjeros que contribuyan o representen un riesgo para la proliferación internacional de drogas ilícitas. Para enfrentar este escenario, Petro contrató al abogado estadounidense Daniel Kovalik, cuya misión es lograr la exclusión del mandatario del régimen de sanciones, un proceso que puede tardar entre uno y cinco años.

“En este contexto, suspender la cooperación de inteligencia puede interpretarse como una obstrucción a la justicia y un acto hostil hacia los intereses estratégicos de Estados Unidos”, advirtió un abogado estadounidense consultado por EL COLOMBIANO, quien solicitó reserva de identidad debido a la sensibilidad del caso.

Expertos en política exterior destacan que la decisión de Petro no solo complica su defensa jurídica, sino que podría alimentar la narrativa de sectores estadounidenses que ven al mandatario como un obstáculo para la lucha antidrogas. La doctrina impulsada por el gobierno de Donald Trump —y reiterada recientemente por el vicesecretario de Estado Christopher Landau— establece que los países que no cooperen activamente en el combate al narcotráfico serán tratados como adversarios. Esta visión, basada en la premisa de “quien no está conmigo está contra mí”, vuelve la suspensión del intercambio de inteligencia un movimiento particularmente peligroso para un presidente sometido a sanciones administrativas.

La preocupación crece porque la interrupción de la cooperación afecta operaciones que durante décadas han permitido combatir redes de narcotráfico que operan en el Caribe y el Pacífico. Estados Unidos ha insistido en que la interdicción marítima requiere coordinación estrecha entre ambos países, especialmente frente al uso de lanchas rápidas cargadas de cocaína. Para Washington, la explicación de Petro —según la cual el ataque a narcolanchas constituye una violación a los derechos humanos del “pueblo caribeño”— contrasta con la postura estadounidense de intensificar las acciones para detener el tráfico de drogas hacia su territorio.

Mientras el presidente justifica su decisión como un acto de defensa de la soberanía, analistas advierten que la descoordinación con Washington podría acelerar nuevos señalamientos, retrasar su intento de salir de la Lista Clinton y endurecer la postura de las agencias federales. Las declaraciones del vicesecretario Landau, quien aseguró que el narcotráfico “se metió a la política” y es hoy “una grave amenaza para la región”, fueron interpretadas como un mensaje directo al gobierno colombiano. En ese contexto, cada paso del presidente será analizado bajo un lente más rígido y menos tolerante.

La tensión continuará escalando en la medida en que Petro mantenga su decisión y las autoridades estadounidenses evalúen los efectos sobre la cooperación bilateral. Con la defensa jurídica del mandatario en plena marcha y las relaciones diplomáticas en un punto crítico, la suspensión de inteligencia podría convertirse en uno de los episodios más determinantes para definir el futuro político y legal del presidente colombiano en los próximos años.