La Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, uno de los narcotraficantes más peligrosos del país y presunto responsable de ataques recientes contra funcionarios del sistema penitenciario. La solicitud proviene de una corte federal de Texas, que lo acusa de movilizar cargamentos de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica como cabecilla de la organización criminal “La Inmaculada”. Pese a la estrategia de su defensa para frenar el proceso, el alto tribunal concluyó que los delitos por los que es requerido ocurrieron después de 2024 y no están relacionados con las condenas que ya purga en Colombia.

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, quien deberá enfrentar a la justicia de los Estados Unidos por graves delitos relacionados con narcotráfico, asesinato y extorsión. La decisión se basa en una solicitud formulada por una corte del estado de Texas, que acusa al señalado cabecilla de haber enviado toneladas de cocaína hacia distintas rutas del Pacífico, Centroamérica y Norteamérica como líder de la organización criminal conocida como “La Inmaculada”.

El alto tribunal explicó que, aunque parte de la estructura criminal operaba en Colombia, los delitos se consumaban en los Estados Unidos, donde la droga llegaba para ser distribuida. Por esa razón, la Corte determinó que se trataba de un crimen transnacional que cumple con el principio de territorialidad compartida. La decisión derribó los argumentos de la defensa, que pretendía frenar la extradición alegando que Marín Silva ya había sido condenado en Colombia por extorsión y homicidio. El ente judicial aclaró que esas condenas correspondían a hechos cometidos entre 2011 y 2017, mientras que los cargos formulados por Estados Unidos se refieren a actividades desarrolladas desde febrero de 2024.

La defensa también trató de convencer a la Corte de que se verificara si “Pipe Tuluá” hacía parte de una mesa de paz o era integrante de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La corporación negó ese argumento al señalar que los delitos atribuidos ocurrieron después del 1 de diciembre de 2016, fecha límite para que la JEP pueda asumir competencia. Además, recordó que ninguna figura de paz implica inmunidad judicial frente a delitos posteriores. La Corte reiteró que la extradición procede si los hechos investigados no guardan relación con las condenas locales y si existe un requerimiento formal del Estado solicitante, como en este caso.

“Los delitos atribuidos a Marín Silva corresponden a conductas cometidas con posterioridad a la vigencia de los acuerdos y no pueden ser objeto de competencia por parte de la JEP, ni mucho menos de inmunidad derivada de supuestas negociaciones”, precisó la Corte Suprema en su análisis jurídico.

Alias “Pipe Tuluá” es señalado por las autoridades colombianas como uno de los principales responsables de los recientes ataques que han cobrado la vida de guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). En las últimas semanas se registraron atentados en varias ciudades del país, hechos que las autoridades atribuyen a retaliaciones ordenadas desde centros penitenciarios. A Marín Silva se le atribuye un prontuario que incluye al menos 39 homicidios, además de una condena en Colombia que continúa vigente mientras avanza su proceso de extradición.

Semanas antes de la decisión de la Corte, el narcotraficante envió una carta a varios altos funcionarios del Gobierno Nacional en la que manifestaba su disposición para “contribuir” a la reducción de la violencia en las cárceles. La misiva, dirigida al ministro de Justicia, al ministro del Interior, al director de Inteligencia Jorge Lemus y al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, sugería que “Pipe Tuluá” estaba dispuesto a ejercer influencia para detener las acciones violentas dentro del sistema penitenciario, una insistencia interpretada por algunos sectores como una maniobra desesperada para evitar su extradición.

En el documento, el criminal aseguraba ser “plenamente consciente de la grave situación de preocupación nacional por los recientes hechos de violencia contra funcionarios del Estado” y pedía que sus intenciones fueran interpretadas como una muestra de voluntad para explorar una eventual negociación. Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que estas expresiones no tenían efectos jurídicos en el proceso de extradición ni constituían fundamento válido para suspender la cooperación con la justicia estadounidense.

La decisión del alto tribunal reafirma la cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y evidencia que los intentos de “Pipe Tuluá” por presentarse como un actor dispuesto al diálogo no surtieron efecto. Su extradición queda ahora en manos del Gobierno Nacional, que deberá expedir la resolución ejecutiva para completar el traslado del detenido hacia territorio estadounidense, donde enfrentará cargos federales relacionados con el tráfico de cocaína y la expansión de redes criminales con alcance internacional.