El caso de la Fundación Universitaria San José vuelve a poner en evidencia las debilidades estructurales del sistema de educación superior en Colombia. Aunque la investigación del Ministerio de Educación se centra en presuntas irregularidades en la expedición de títulos profesionales, nuevos hallazgos muestran un crecimiento inusual en la entrega de tarjetas profesionales a contadores públicos. Entre 2021 y 2023, este aumento alcanzó un sorprendente 2.051 %, una cifra sin precedentes que ha despertado dudas entre autoridades académicas y órganos reguladores. El fenómeno, sumado al crecimiento acelerado de matrículas y cuestionamientos sobre modelos educativos no reconocidos por la ley, levanta sospechas sobre la rigurosidad y transparencia de los procesos internos de la institución.

La Fundación Universitaria San José atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia institucional, luego de que el Ministerio de Educación abriera una investigación preliminar por presuntas anomalías en la expedición de títulos profesionales. La medida se formalizó a través de la Resolución 021551 del 10 de noviembre de 2025, firmada por el ministro Daniel Rojas Medellín, tras detectar inconsistencias graves en los procesos de graduación, la ausencia de registros académicos y presuntos incumplimientos de los requisitos legales para otorgar diplomas. El detonante fue el caso de Juliana Guerrero, aspirante al Viceministerio de Juventudes, quien recibió un título profesional sin historial académico verificable, lo que derivó en la anulación del diploma y una revisión exhaustiva de los procedimientos de la institución.

Paralelo a la investigación oficial, un dato explosivo encendió aún más las alertas: la expedición de tarjetas profesionales de contadores públicos aumentó un 2.051 % entre 2021 y 2023, según un informe de la Junta Central de Contadores del Ministerio de Industria y Comercio. El hallazgo, revelado inicialmente por Blu Radio, no hace parte de la investigación formal del Ministerio de Educación, pero sí refuerza la preocupación por un incremento sin precedentes en el número de egresados que obtuvieron acreditación profesional ante las autoridades competentes. La cifra refleja una expansión abrupta que contrasta con el comportamiento habitual del sistema educativo colombiano y abre interrogantes sobre la calidad de la formación impartida.

Este crecimiento inusualmente acelerado coincide con la implementación del programa “Hazte Profesional”, un modelo académico intensivo que permite homologar estudios previos y completar una carrera en lapsos de entre 10 y 20 meses. Si bien el Ministerio de Educación había autorizado inicialmente este programa, su ejecución ha levantado dudas por la falta de rigurosidad y por los riesgos de flexibilizar demasiado los procesos académicos. A esto se suma la utilización institucional de conceptos como “Neoeducación” y “NeoUniversidades”, modelos que la Universidad San José promociona como parte de su identidad educativa, pero que no existen en el ordenamiento jurídico colombiano. Así lo confirmó el Ministerio a través de un pronunciamiento oficial firmado por Martha Elena Hernández Duarte, subdirectora técnica de Aseguramiento de la Calidad.

“A la fecha, el ordenamiento jurídico colombiano no contempla o desarrolla una figura o modelo denominado ‘Neoeducación’ o ‘Neouniversidades’ como modalidad diferenciada de formación”, señaló el Ministerio de Educación en su respuesta formal.

El crecimiento de matrículas contribuye a profundizar la controversia. Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), la universidad pasó de 1.768 estudiantes matriculados en 2020 a 5.656 en 2024, un aumento del 219,8 %. La expansión fue aún más marcada en los programas profesionales: en 2020 registraban 485 estudiantes, pero para 2024 el número ascendió a 3.753, lo que equivale a un alza del 673,7 %. A pesar de este incremento, la institución figura en el puesto 239 entre las 267 universidades cuyos estudiantes presentaron las pruebas Saber Pro en 2024, muy lejos de los estándares de calidad que promueve en su publicidad institucional.

El Ministerio de Educación también investiga casos adicionales. Uno involucra a Laura Julieth Martínez Morales, contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, quien habría recibido el diploma de ingeniera industrial dos días antes de presentar las pruebas Saber Pro, requisito indispensable para graduarse en Colombia. Otro caso señalado es el de Carlos Alberto Mendoza Siachoque, funcionario de la Alcaldía de Arauca, quien aparece como graduado en diciembre de 2024 sin haber presentado el examen de Estado. Estas situaciones, según la cartera, vulneran la Ley 1324 de 2009, el Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1740 de 2014, normas que regulan el aseguramiento de la calidad y los requisitos obligatorios para obtener un título profesional.

La investigación se amplía hacia directivos, representantes legales, revisores fiscales y otros funcionarios que pudieron haber intervenido en la expedición de diplomas sin el cumplimiento de los requisitos legales. La universidad, al ser consultada, no ha entregado explicaciones concluyentes sobre los casos mencionados ni sobre la correlación entre las cifras de crecimiento y los modelos educativos promocionados. En un sistema que ya enfrenta cuestionamientos por la falta de vigilancia y control, el caso de la Fundación Universitaria San José se posiciona como un ejemplo de la urgencia de reforzar la transparencia académica y de garantizar que la formación profesional cumpla con estándares verificables y exigentes.