El Valle, que fue una de las regiones con mayor respaldo electoral al actual Gobierno Nacional, denuncia sentirse traicionado tras el aplazamiento del Tren de Cercanías. La obra prometía transformar la movilidad y la economía regional, pero fue frenada por decisiones políticas.

El Valle del Cauca fue, en las elecciones de 2022, una de las regiones que más respaldo le dio al actual Gobierno Nacional. Desde este departamento nació una fuerza ciudadana que creyó en la promesa del cambio y en un proyecto político que prometía transformar al país. Sin embargo, ese voto de confianza hoy se siente traicionado tras el anuncio del aplazamiento del Tren de Cercanías, la obra de movilidad más importante en la historia reciente del suroccidente colombiano.

El representante a la Cámara Jorge Eliécer Tamayo denunció que la suspensión del proyecto no responde a problemas técnicos ni financieros, sino a decisiones estrictamente políticas. Según su declaración, el Gobierno Nacional repite los mismos vicios que criticó en el pasado: desinformación, divisionismo y uso del poder como herramienta electoral. “El tren no fue víctima de errores técnicos, sino de cálculos partidistas. Se rompió la palabra y, con ella, la confianza de los vallecaucanos”, afirmó Tamayo.

El Tren de Cercanías, valorado en más de 6 billones de pesos, es un proyecto conjunto entre la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y el municipio de Jamundí, que ya aseguraron su parte del financiamiento (30 % del total). La Nación debía aportar el 70 % restante, pero la falta de firma del convenio dejó en suspenso la ejecución. La obra beneficiaría a más de tres millones de habitantes y reduciría en hasta 33 % los tiempos de desplazamiento, conectando a Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí.

Tamayo recalcó que el Valle del Cauca no pidió favores ni privilegios, sino coherencia con los compromisos adquiridos. “Exigimos cumplimiento, respeto y seriedad. Las promesas del cambio no pueden convertirse en excusas de poder. La política no puede traicionar la palabra”, señaló. La decisión del Gobierno, añadió, evidencia un abandono institucional hacia una región que fue clave en su victoria electoral.

Mientras tanto, la gobernadora Dilian Francisca Toro ha reiterado su compromiso de sacar adelante el proyecto, incluso con mecanismos alternativos como concesiones público-privadas, insistiendo en que “el Valle no se frena, con o sin apoyo del Gobierno Nacional”. La controversia sigue escalando y deja al descubierto una fractura profunda entre el discurso centralista del poder y las necesidades reales de las regiones.