123 feminicidios en 4 meses de 2025. La misoginia en la política colombiana no da tregua: amenazas, exclusión y violencia silenciando a las mujeres.

En Colombia, donde las mujeres representan el 51% de la población, su participación en la política sigue siendo un campo minado por la misoginia y la violencia sistemática. Según informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) y el NIMD, la Violencia contra las Mujeres en Política (VCMP) se manifiesta en amenazas, agresiones físicas, exclusión deliberada y difusión de imágenes sexualizadas, con un impacto mayor en zonas rurales y territorios étnicos como los CITREP. En Bogotá, por ejemplo, la Secretaría Distrital de la Mujer atendió 22 casos en 2024, un patrón que persiste en 2025 pese a avances legales.

La Ley 2453 de 2025 marca un hito: obliga al Estado a prevenir, sancionar y atender estas violencias, promoviendo una democracia paritaria y libre de machismo. Sin embargo, las cifras alarmantes de la Defensoría del Pueblo lo contradicen: entre enero y abril de 2025, se registraron 123 feminicidios y 5.307 casos de violencia intrafamiliar, muchos vinculados a entornos políticos donde la normalización del patriarcado frena el empoderamiento femenino. Expertas como Carol Rojas del Observatorio de Feminicidios alertan que no es un «aumento de la violencia», sino mayor denuncia, revelando fallas en el sistema penal y la implementación de políticas.

La misoginia no solo silencia voces como la de las candidatas indígenas o afrodescendientes, sino que perpetúa desigualdades estructurales. Para revertirlo, urge un compromiso real: educación en equidad de género, protocolos en partidos políticos y recursos para víctimas. Las elecciones de 2026 serán un termómetro; ¿Colombia elegirá romper el ciclo o perpetuarlo? La respuesta está en manos de todas y todos: visibilizar, denunciar y actuar por una política sin miedo.