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            El caso sacude al Ministerio de la Igualdad, impulsado por el Gobierno Petro, luego de confirmarse que los títulos profesionales de Juliana Guerrero —postulada al Viceministerio de Juventud— fueron falsos. La Fundación Universitaria San José anuló sus diplomas tras detectar que nunca asistió a clases ni presentó exámenes.

            La Fundación Universitaria San José confirmó la anulación definitiva de los títulos de Juliana Guerrero, una de las fichas promovidas por el Gobierno Petro para el Viceministerio de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. La decisión, adoptada por unanimidad del Consejo Directivo, se fundamentó en que no existen registros académicos que prueben que Guerrero haya cursado estudios en la institución.

            El comunicado oficial señala que, tras una auditoría interna, se determinó que Guerrero no tenía registros de asistencia, evaluaciones ni actividad académica alguna en los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria ni en Contaduría Pública, carreras con las que intentó acreditar su formación profesional. “No se evidenció registro alguno de actividad académica ni participación en clases”, indicó el documento.

            Pese a las pruebas, desde sectores cercanos al Palacio de Nariño se insistió en que Guerrero sí tenía notas y matrícula. Sin embargo, la información fue desmentida no solo por la universidad, sino también por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), donde no existe evidencia de su inscripción. Tampoco se encontraron resultados de las Pruebas Saber Pro, examen obligatorio para obtener título universitario.

            La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación contra Juliana Guerrero y exdirectivos de la institución educativa por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento y falsedad personal. De ser hallada culpable, podría enfrentar penas entre seis y doce años de prisión. El caso ha generado un terremoto político dentro del Ministerio de la Igualdad, ya cuestionado por su falta de resultados y las controversias administrativas que rodean su creación.

            A pesar de la gravedad del escándalo, ni Juliana Guerrero ni el presidente Gustavo Petro —quien en su momento la defendió públicamente calificando el caso como “un escándalo fabricado”— han emitido pronunciamiento. Este nuevo episodio profundiza el desgaste del Gobierno ante la opinión pública y refuerza las críticas de líderes regionales, como la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien ha insistido en la falta de transparencia y rigor en la gestión del Ejecutivo nacional.

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