El expresidente Álvaro Uribe arremetió contra Gustavo Petro, acusándolo de promover las movilizaciones pro Palestina que terminaron en actos de vandalismo en varias ciudades, especialmente en Medellín. En redes, el exmandatario advirtió que, ante la permisividad del Gobierno, los ciudadanos podrían verse “forzados a defenderse”.

El clima político y social en Colombia volvió a tensarse tras las movilizaciones del 7 de octubre, convocadas en apoyo a Palestina, que en ciudades como Medellín derivaron en disturbios y daños a establecimientos comerciales. En medio de la polémica, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó un mensaje contundente en su perfil de X (antes Twitter), en el que responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro por lo ocurrido.

“Si el Gobierno promueve el vandalismo con marchas como disimulo, e impide que la Fuerza Pública proteja a las personas y bienes, la ciudadanía se sentirá forzada a defenderse”, escribió Uribe, en una publicación que generó una inmediata reacción en redes y dentro del espectro político. El exmandatario también señaló que Petro estaría repitiendo “estrategias del pasado” para generar confrontación y caos social. “El presidente Petro en el pasado tuvo éxito con la promoción del vandalismo; ahora siembra ánimo ciudadano de defenderse y una escalada de confrontación que nadie sabe su alcance”, añadió.

Uribe salió así en defensa del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ordenó la intervención de la Fuerza Pública para detener los actos de violencia que se presentaron en el centro de la ciudad. Los disturbios, ocurridos durante la marcha pro Palestina —justo en el segundo aniversario del ataque del grupo terrorista Hamás contra civiles israelíes—, dejaron locales afectados y enfrentamientos con las autoridades. En un nuevo pulso entre ambos líderes, Uribe afirmó que el país necesita “un Gobierno que respete la protesta y evite el vandalismo con todo el peso de la autoridad”.

El expresidente enfatizó que “Petro no podrá repetir sus hazañas de destrucción”, en referencia a su pasado político y a su cercanía con movimientos sociales radicalizados. Las palabras del exmandatario fueron interpretadas por algunos como un llamado a la autodefensa ciudadana, mientras otros las vieron como una advertencia frente al deterioro del orden público.

El propio Petro respondió de manera indirecta, afirmando que los grupos violentos que actuaron en Medellín “se asemejan a los grupos de acción directa del fascismo europeo” y que “son nazis a los que la justicia no persigue”. Desde el otro extremo, el alcalde Federico Gutiérrez replicó: “En Medellín no toleramos la violencia y el vandalismo disfrazado de buenas intenciones. Petro quiere volver a incendiar a Colombia”.

El balance oficial de las marchas del 7 de octubre dejó en evidencia la preocupación por la seguridad nacional. En Bogotá, donde se concentraron cerca de 4.500 manifestantes, se reportaron bloqueos, daños a iglesias, establecimientos comerciales e infraestructura pública, así como afectaciones al sistema de transporte. En Medellín, con alrededor de 400 participantes, varios locales de comida rápida fueron atacados. En Cali y Barranquilla las protestas fueron de menor escala, aunque también se registraron incidentes aislados.

Los hechos coinciden con el segundo aniversario del atentado del grupo Hamás contra civiles israelíes, que dejó más de 1.300 muertos en 2023, y que provocó una ola mundial de manifestaciones tanto en favor de Israel como de Palestina. Sin embargo, en Colombia, la jornada fue escenario de choques ideológicos, vandalismo y duros cruces de declaraciones entre el Gobierno, la oposición y los mandatarios locales.

Las acusaciones de Uribe no solo reavivan el enfrentamiento político con Petro, sino que también abren un nuevo debate sobre el manejo del orden público y el límite entre la protesta pacífica y la violencia disfrazada de movilización social. En un país históricamente marcado por la confrontación ideológica, las palabras del expresidente se convierten en un reflejo de la creciente tensión entre el poder central y las autoridades locales.