Defensa de Nicolás Petro cuestiona la imparcialidad de la fiscal Lucy Laborde y pide a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, retirarla del proceso por presuntas irregularidades internas en la investigación.

El caso judicial de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se encuentra en el ojo de la tormenta tras una solicitud formal presentada por su defensa para apartar del proceso a la fiscal Lucy Laborde. El abogado Alejandro Carranza, apoderado del procesado, envió una carta de cinco páginas a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que cuestiona la imparcialidad de la funcionaria y asegura que su permanencia en el caso pone en riesgo la transparencia de la investigación.

Según el escrito, la fiscal Laborde habría incurrido en contradicciones al denunciar supuestas presiones internas de la Dirección de Lavado de Activos y de la fiscal Liliana Mesa Agudelo, designada como fiscal de apoyo. Laborde aseguró en una comunicación reciente que se le convocó a reuniones imprevistas donde le exigieron entregar pormenores reservados de la investigación, lo que interpretó como un intento de intromisión en su autonomía. La defensa, sin embargo, sostiene que la funcionaria busca “cubrir errores ya consumados” y recuerda que en marzo pasado ella misma calificó como un alivio el acompañamiento técnico recibido en las audiencias.

El proceso penal contra Nicolás Petro avanza hacia la etapa de juicio oral en Barranquilla, donde la Fiscalía lo acusa de haber recibido ingresos irregulares que superan los 1.053 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, ese dinero habría sido entregado por empresarios del Caribe con la intención de financiar la campaña presidencial de 2022, pero en lugar de destinarse a actividades políticas fue usado para la compra de bienes y gastos personales, en conjunto con su entonces pareja sentimental, Day Vásquez. Los delitos que enfrenta incluyen enriquecimiento ilícito, lavado de activos, interés indebido en la celebración de contratos y otros cargos.

En la carta dirigida a la fiscal general, el abogado Carranza advirtió que la situación genera un manto de duda sobre la imparcialidad de las decisiones de Laborde, al tiempo que criticó la comunicación enviada por ella a Camargo como un intento de victimización. “Aquella carta constituye una estrategia discursiva y política que busca erigir una cortina de humo tan espesa que ahogue a quienes deben ejercer control institucional”, señaló el abogado, enfatizando que la independencia judicial debe ser la base de un proceso con la magnitud de este caso.

La controversia también expone divisiones internas en la Fiscalía. Laborde, al denunciar presiones por parte de la Dirección de Lavado de Activos, puso de relieve tensiones entre distintas dependencias, lo que ha generado preocupación sobre la conducción del proceso. Para la defensa de Petro, la asignación de una fiscal de apoyo y las intervenciones administrativas debilitan la figura del fiscal titular, abriendo la puerta a cuestionamientos sobre la legalidad de las actuaciones.

El caso de Nicolás Petro no solo es relevante por las acusaciones que enfrenta, sino porque involucra directamente al círculo más cercano del presidente de la República. El señalamiento de que parte de los recursos recibidos en 2022 provendrían de empresarios que buscaban tener influencia en el Gobierno, y que esos dineros fueron desviados a gastos personales, ha generado una fuerte repercusión política. Al mismo tiempo, la defensa insiste en que el proceso está permeado por intereses internos y pugnas burocráticas que podrían sesgar el resultado.

“La permanencia de la fiscal Lucy Laborde puede afectar la transparencia del caso”, concluyó la defensa, reiterando que la pugna interna en la Fiscalía amenaza con socavar la credibilidad institucional en un proceso clave para el país.