La Corte Suprema desmontó uno a uno los argumentos de la jueza Sandra Liliana Heredia y calificó de “aparentes, vagos e insuficientes” las razones por las que ordenó la prisión domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe.

La libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, en una decisión que no solo reconfirmó su derecho a enfrentar el proceso en libertad mientras avanza la apelación, sino que también dejó en entredicho la actuación de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien había dictado la medida de prisión domiciliaria.

El caso se remonta al pasado 1 de agosto, cuando Uribe fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. En la misma decisión, la jueza Heredia ordenó su detención domiciliaria, sorprendiendo incluso a sus defensores Jaime Granados y Jaime Lombana, quienes advirtieron que en casos de este tipo, por regla general, se permite al condenado enfrentar el proceso en libertad hasta agotar todas las instancias. Para revertir la decisión, los abogados interpusieron una acción de tutela que fue resuelta a su favor, lo que permitió que el expresidente recuperara la libertad el pasado 20 de agosto, tras una decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

El 18 de septiembre, la Corte Suprema recogió los argumentos y respaldó al Tribunal, dejando sin piso la decisión de la jueza Heredia. En la Sala de Casación Penal, bajo ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor y con el voto de la magistrada Myriam Ávila, se concluyó que los argumentos de Heredia fueron insuficientes, vagos y carentes de proporcionalidad. El alto tribunal señaló que las razones invocadas por la jueza se limitaron a la necesidad de dar un mensaje a la ciudadanía sobre la confianza en las instituciones, la supuesta seguridad del condenado y el riesgo de fuga, pero sin demostrar con hechos ni fundamentos jurídicos la pertinencia de esas afirmaciones.

“No bastaba con la enunciación; debían exhibirse razones de índole jurídico y fáctico”, indicó la Corte. En su fallo, criticó que los argumentos estuvieran anclados “en una sensación general” y que fueran “aparentes” al no estar respaldados por un análisis serio de las circunstancias del caso. Según la Corte, la jueza no valoró adecuadamente que Uribe había asistido puntualmente a todas las audiencias y tampoco precisó de manera clara cuáles eran las maniobras dilatorias o el riesgo real de fuga.

El golpe a la jueza Heredia fue directo: sus argumentos se calificaron de “inciertos y cambiantes”, sin coherencia con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que rigen las medidas de aseguramiento. En la práctica, esto no solo le devolvió la libertad a Uribe, sino que dejó un cuestionamiento serio sobre la imparcialidad de la funcionaria judicial. Jaime Granados, abogado del expresidente, fue contundente: “Es la tercera tutela que pierde la jueza Sandra Heredia; algo muy mal hizo para que eso ocurriera”.

La ratificación de la libertad no significa que Uribe haya quedado libre de cargos. La condena de primera instancia, que lo sentenció a 12 años de prisión, una inhabilidad de 100 meses para ocupar cargos públicos y una multa de 2.420 salarios mínimos, sigue vigente hasta que se decida en segunda instancia. Actualmente, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tienen en sus manos la apelación interpuesta por la defensa y por la Procuraduría, que también solicitó revisar la condena.

Uribe renunció expresamente a la prescripción del caso, lo que permitirá que la Sala tome el tiempo necesario para emitir un fallo integral y ponderado. “La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”, señaló el expresidente.

La libertad actual de Uribe le permite retomar su vida política y continuar en campaña. El Centro Democrático ya confirmó que será incluido en la lista al Senado con el número 25, lo que le otorga un escenario activo mientras se define su futuro jurídico. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿será absuelto en segunda instancia o se ratificará la condena que pesa en su contra? Mientras tanto, lo cierto es que la Corte Suprema dejó en evidencia que los argumentos de la jueza Heredia no superaron el mínimo estándar de solidez jurídica y, por el contrario, se convirtieron en un ejemplo de decisiones cuestionadas por su falta de motivación real.