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La auditoría revela que la deuda de la EPS más grande del país creció 198 % en tres años y su patrimonio pasó de positivo a un déficit de más de 6 billones, poniendo en riesgo la atención de 11,5 millones de colombianos.
‘La intervención del Gobierno ha coincidido con un agravamiento en los principales indicadores evaluados’, así concluye el demoledor informe de la Contraloría sobre Nueva EPS, la entidad prestadora de servicios de salud más grande de Colombia. Aunque el país se enteró esta semana de la auditoría por un comunicado de prensa y las posteriores reacciones de todos los sectores, hasta ahora el documento no había sido revelado. CAMBIO tuvo acceso a las 82 páginas del informe, en el que párrafo a párrafo se retrata el vertiginoso deterioro de la entidad en los últimos tres años. El diagnóstico parece ser terminal.
En abril de 2024, con la reforma a la salud recién hundida en el Senado, el gobierno Petro activó el botón rojo: a través de la Superintendencia de Salud intervino varias EPS, entre ellas la más grande de todas: Nueva EPS. El presidente Petro y el ministro Jaramillo argumentaron que las medidas eran necesarias para ‘salvar’ a un sistema en crisis y al borde del colapso financiero. Lo anterior era cierto, las entidades afectadas hacían agua. Sus deudas administrativas, así como el déficit y las obligaciones con las IPS, eran inocultables y se acumularon durante años y otros gobiernos. Según dijo Luis Carlos Leal, superintendente de la época, ni Nueva y tampoco Sanitas (otra de las intervenidas) ‘cumplía con los requisitos habilitadores financieros para poder ejercer sus funciones, como son el patrimonio adecuado y el régimen especial de reservas técnicas’.
De hecho, en la alocución del pasado 12 de septiembre, el presidente hizo serios señalamientos en contra de la administración pasada de la Nueva EPS, con nombres propios de miembros de su exjunta directiva como José Fernando Cardona Uribe, Enrique Vargas Lleras y Noemí Sanín. Según Petro, la investigación de la Superintendencia de Salud dio cuenta de cifras maquilladas en 2023 para subestimar la deuda de la entidad. “En 2023, la Nueva EPS hizo el mayor robo de todos […] escondieron cinco billones de pesos de deuda ”, aseguró el jefe del Estado.
Además, en la alocución el presidente aseguró que, meses antes de la intervención, la Nueva EPS presentó informes distintos al Ministerio de Salud y a la Superintendencia. Al primero le reportó las cifras más crudas para ‘pedir más plata’ y a la segunda unos datos más alentadores para seguir operando. Esta práctica, según el mandatario, era recurrente desde el gobierno pasado de Iván Duque.
Con esa realidad, el Ejecutivo ha defendido con uñas y dientes la intervención que hoy completa 18 meses. Sin embargo, la auditoría a la que accedió CAMBIO muestra que el escenario está muy lejos de ser prometedor. La Nueva EPS enfrenta su momento más crítico y es cuestión de tiempo para que la administración Petro entierre a un paciente que estuvo en cuidados intensivos bajo la mirada de otros gobiernos.
El peor trimestre de su historia
La parte más reveladora del informe es la que trata del pasivo y el patrimonio de la Nueva EPS durante los últimos 27 meses. Según la auditoría, entre diciembre de 2022 y marzo de 2025 la deuda de esta entidad creció en 198 por ciento. Hace tres años sumaba 5,42 billones de pesos y en 2023 se duplicó hasta 11,7. Luego, en 2024, subió a 18,38 y en marzo pasado llegó a los 21,37 billones. La Contraloría calcula que, con este ritmo, “el pasivo cerraría en 2025 a 26,39 billones”.
En el caso del patrimonio de la Nueva EPS los datos son mucho más preocupantes. De acuerdo a los hallazgos, en 2022 la entidad tenía un patrimonio positivo de 485.209 millones de pesos pero en 2023 cayó a -4,95 billones, es decir, -1.121 por ciento. En 2024, con la EPS intervenida por el Gobierno, el déficit fue de -6,69 billones. Finalmente, para marzo de 2025, la Nueva EPS acumuló -6,25 billones, igualando en un trimestre las pérdidas de todo el año pasado.
Según el cálculo de la Contraloría, en diciembre de este año el patrimonio cerraría en -9,16 billones de pesos. Sobre esto, el informe presenta una conclusión demoledora: ‘Se proyecta un escenario de inviabilidad estructural que pone en riesgo los recursos del sistema de salud y la atención de millones de colombianos’. En otras palabras, el documento alerta que, para finales de 2025, la EPS más grande del país ya no sería viable estructuralmente, dejando en vilo a 11,5 millones de afiliados.
La extraña concentración de contratos en empresas cuestionadas
Otro de los elementos hasta ahora desconocidos del informe es un apartado en el que se advierte de una extraña concentración de contratos millonarios en empresas y uniones temporales vinculadas entre sí.
Para llegar a esta conclusión, la Contraloría le solicitó a la Nueva EPS el consolidado de todas las uniones temporales con las que se tuvieron o tienen contratos suscritos entre 2022 y 2025. La entidad aportó una lista de 48 personas jurídicas, aunque solo se encontró información detallada de 45. Además, el equipo auditor logró hallar otras nueve uniones con las que esta EPS tuvo vínculos comerciales pero sin contrato. Justamente, ese es el primer hecho que llamó la atención de la Contraloría: la existencia de relaciones comerciales no formalizadas entre la Nueva EPS y diversas uniones temporales.
Según el informe, lo anterior “configura un conjunto de riesgos jurídicos, operativos, fiscales y reputacionales que pueden afectar gravemente la integridad institucional y la trazabilidad de dineros públicos”.
Pero eso no es todo. Al revisar en detalle la composición de esas nueve uniones temporales, la Contraloría encontró que en cuatro de ellas aparece el mismo representante legal: Carlos Alberto Flórez Polanía, titular de Bienestar IPS, que tiene la mayor participación accionaria en todas estas alianzas empresariales. Flórez Polanía también aparece como representante de otras tres uniones que a corte de julio pasado tenían contratos vigentes con la Nueva EPS.
Este empresario ha estado vinculado al sector salud desde hace varios años, no solo a través de su IPS, sino participando en juntas directivas de hospitales como la Clínica de Chía. Allí ha coincidido con otras figuras reconocidas del sector como Carolina Buendía, expresidente de Sanitas, y Rayet Harb, quien fue representante legal de Bienestar IPS y exdirectiva de Sanitas y Keralty.
Bienestar IPS ya había estado en registros de prensa desde el año pasado. Por un lado, fue mencionada en una serie de informes periodísticos de W Radio en los que se alertaron de supuestas concentraciones de contratos en EPS como Coosalud hacia un grupo de IPS vinculadas con una casa matriz en España (Venum) y un grupo inversionista de Brasil (Patria). CAMBIO pudo comprobar que Bienestar es parte de Zentria, la línea de inversiones en salud del Grupo Patria dirigida por Carolina Buendía.
Además, según las mismas publicaciones periodísticas, Bienestar también está mencionada en la denuncia que radicó en la Fiscalía el exsuperintendente Leal el 30 de octubre de 2024, días antes de salir del cargo. Según dijo Leal en ese entonces, aparentemente se habría detectado una confabulación en cuatro EPS (Coosalud, S.O.S., Asmet y Emsanar) para dirigir contratación a un grupo de IPS. Esa estrategia, según la denuncia de Leal, habría sido liderada por Mario Urán, exasesor de Coosalud quien ha negado todos los señalamientos.
El caos interno de billones de pesos
Para entender algunas causas del desastre financiero, en el informe se retratan varias inconsistencias en la gestión interna de la Nueva EPS. Una de ellas es la cantidad de facturas pendientes por auditar desde 2020 a 2025, que tienen un valor total de 13,17 billones de pesos. El 99 por ciento de ese valor corresponde a 2024 y el primer semestre de 2025.
Según la Contraloría, esto representa “un riesgo alto para la exactitud del pasivo reportado y puede generar contingencias fiscales, ya que no se han verificado aspectos como la pertinencia del gasto, el cumplimiento contractual o la existencia de soportes válidos”. En otras palabras, es tal la cantidad de facturas sin revisar que no es posible saber con exactitud las cuentas de la Nueva EPS.
Incluso, en el informe reservado se registra que el equipo auditor entrevistó al vicepresidente de Transformación Digital de la entidad, quien dio un diagnóstico desalentador: “La vulnerabilidad de la compañía es muy alta ya que no cuenta con una tecnología adecuada para el volumen de información que maneja en el proceso de cuentas médicas […] el proceso es manual donde las personas o empresas contratadas digitan una a una las líneas de las facturas”, le explicó Enrique Lanchero, directivo de la Nueva EPS, a la Contraloría.
Además, de acuerdo al informe conocido por CAMBIO, las fallas de trazabilidad y dispersión de los datos son tan graves que distorsionan la realidad financiera de la EPS. Uno de los casos más sensibles tiene que ver con las reservas técnicas de la entidad.
Las reservas técnicas no son dinero para gastar en momentos de ‘sequía’; por el contrario, es la plata que las EPS deben guardar para pagar lo que saben que van a gastar. Por ejemplo, si el Estado le gira 100 pesos a la Nueva EPS, esta entidad debe usar diez pesos para costear su sostenimiento e invertir los 90 restantes de manera segura, para usarlos después en el pago de deudas. Estas deudas corresponden a la siniestralidad: lo que cuesta la cirugía de tobillo de un paciente, un tratamiento por Epoc u otros servicios usados por los afiliados.
Por lo tanto, las reservas técnicas no son un ahorro sino un pasivo, un dinero que se contabiliza como una deuda. Según la Contraloría, en el caso de Nueva EPS hay una “subestimación” del pasivo de reservas por 11,1 billones de pesos. Lo anterior significa que la entidad registró por un valor menor sus obligaciones. El documento indica que se trasladaron deudas a periodos futuros que debieron ser registradas con corte a diciembre de 2024. Además, al cruzar los datos de los servicios autorizados por la entidad versus los contratados, ‘no hubo coincidencias ni correspondencia’.
Semejante irregularidad, dice el informe, impide saber si las reservas técnicas de la EPS reflejan la realidad.
Por ejemplo, uno de los datos más reveladores de la auditoría es sobre las reservas técnicas conocidas y liquidadas. Estas no son más que los servicios que autorizó la EPS y fueron prestados por los proveedores, como las IPS, quienes ya presentaron la factura. La diferencia de los cálculos que hizo la Contraloría versus los presentados por Nueva EPS son abismales. En 2022 la diferencia fue de 384 mil millones de pesos y para 2023 subió a 778 mil millones. Para 2024 el ‘descache’ de cifras llegó a 1,6 billones. Según el órgano de control, este desfase obliga a una “revisión detallada” de la metodología y la consistencia de la información reportada por esta EPS, bajo control del Gobierno desde abril de 2024.
Por otro lado, el informe también advierte sobre el pronunciado aumento de los anticipos sin legalizar en la Nueva EPS. Entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2024, la cantidad de plata por anticipos sin legalizar se incrementó en 155 por ciento, es decir, pasó de 3,4 billones a 8,6 billones de pesos. Además, el documento advierte que entre enero y junio de 2025 se acumularon otros 6,6 billones en este rubro. En suma, el saldo total de anticipos pendientes a junio de 2025 asciende a 15,31 billones de pesos.
Lo anterior pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la entidad así como su capacidad de pago. Según la auditoría conocida por este medio, el 97 por ciento de los anticipos sin legalizar son de 2024 y 2025 por 14,86 billones de pesos. Sin embargo, hay registros que superan los cinco años y suman 49.000 millones. Incluso hay anticipos por más de 400 millones que no tienen fecha.
La atención a los pacientes en números rojos
Otro de los indicadores analizados por la Contraloría fue el número de PQR radicadas entre 2022 y el primer semestre de 2025. De acuerdo al informe, el registro peticiones, quejas y reclamos pasó de 177.479 en la primera mitad de 2022 a 446.520 en el primer semestre de este año, un incremento acumulado del 151.6 por ciento en tres años.
Además, el histórico de las cifras muestra que los “picos de inconformidad” en este periodo son del segundo semestre de 2023, el segundo de 2024 y el primer semestre de 2025. Por esta tendencia, la Contraloría hace dos advertencias:
El análisis de la auditoría también concluye que, por la falta de categorización precisa en los motivos de las PQR, “se presume una subestimación o enmascaramiento” de las causas recurrentes. Sin embargo, con la información disponible, la Contraloría determinó que las principales causas de las peticiones, quejas o reclamos son: dificultad de atención, trámites administrativos y autorizaciones.
Por otra parte, entre enero de 2022 y junio de 2025 se contabilizaron 271.203 tutelas. De los siete semestres que han pasado en esos tres años, el pico más alto se registra justamente en el 2025-1 con 66.135 tutelas. Para la Contraloría, la tendencia muestra que para finales de este año ya se superaría el récord de 2024. “La tendencia es de aumento sostenido, lo que muestra que las medidas adoptadas por la EPS no han sido suficientes para contener la judicialización”, dice la auditoría conocida por CAMBIO.
Es cierto que los dramáticos indicadores de la Nueva EPS son producto de una crisis estructural y que los problemas no surgieron por este Gobierno. Por ello, la intervención estuvo justificada, no había muchas salidas y el objetivo era loable. Sin embargo, lo que sí es inexplicable es que la toma de control ⎯que lleva un año y medio⎯ no esté cumpliendo uno de los dos objetivos por los que se interviene una empresa: salvarla o liquidarla. Por el contrario, lo que arrojan las cifras de la Contraloría es que el tratamiento, lejos de ayudar al paciente, parece estar acelerando su agonía.
