La congresista Jennifer Pedraza anunció que llevará ante la Fiscalía a la designada viceministra Juliana Guerrero por presunta falsificación de título profesional, en medio de un escándalo que ya involucra al Ministerio de la Igualdad, el Icfes y la sombra del clientelismo en el Gobierno Petro.

Gustavo Petro enfrenta un nuevo golpe político con la designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventud. Lo que parecía un sospechoso ascenso para una joven sin ninguna trayectoria se convirtió en un escándalo nacional luego de que la congresista Jennifer Pedraza anunciara que la denunciará ante la Fiscalía por falsedad en documento público.

El cuestionamiento central está en la supuesta validez de su título en contaduría pública de la Fundación de Educación Superior San José. Según la institución, Guerrero no registra haber presentado las Pruebas Saber Pro, requisito indispensable para obtener un diploma universitario en Colombia. A juicio de Pedraza, la hoja de vida de Guerrero fue modificada de manera “exprés” para cumplir los requisitos legales y acceder al cargo.

Este episodio se suma a un antecedente aún más delicado: el uso de aeronaves oficiales de la Policía Nacional en junio de 2025 para desplazarse a Valledupar y Aguachica, en compañía de su hermana Verónica. Investigaciones periodísticas señalan que, en esos viajes, habría intervenido en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC) para modificar reglas internas que impedían la reelección inmediata del rector. Desde el Gobierno defendieron los traslados bajo la figura de “misiones reservadas”, aunque sin pruebas claras.

Guerrero no se ha quedado callada. Respondió asegurando que iniciará acciones legales contra Pedraza, argumentando que el Icfes desmintió las acusaciones y denunció un posible “hackeo” en sus registros. Sin embargo, Pedraza replicó que la información es pública y que el verdadero escándalo es “poner a alguien sin experiencia ni formación adecuada a liderar una cartera que nació de las luchas juveniles”.

El Ministerio de la Igualdad ha sido cuestionado por prácticas clientelistas y designaciones sin sustento técnico. Para analistas políticos, el episodio erosiona aún más la ya inexistente credibilidad del Gobierno en su relación con los jóvenes y profundiza la desconfianza hacia los nombramientos de alto nivel.