La salida de tres ministros y varios directores de entidades claves tras la derrota en el Congreso expone la fragilidad de la coalición de gobierno de Gustavo Petro. El mandatario, que calificó la elección del magistrado Carlos Camargo como una “felonía”, enfrenta ahora el dilema de radicalizarse o buscar acuerdos en su último año para salvar reformas estratégicas como la tributaria y la pensional.

El Gobierno de Gustavo Petro atraviesa uno de sus momentos más críticos. La derrota en el Congreso, que terminó con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, desató un terremoto político que ya cobró la cabeza de tres ministros —Antonio Sanguino (Verde), Julián Molina (La U) y Diana Morales (Liberal)— y de varios directores de entidades estratégicas como Finagro, el ICA, la Previsora y Positiva Seguros. La decisión, tomada directamente por Petro, refleja la frustración de un mandatario que, a un año de terminar su mandato, enfrenta el riesgo de quedarse sin gobernabilidad.

El episodio recuerda a momentos pasados de confrontación, como la caída de la reforma laboral en 2023, cuando el presidente salió con la espada de Bolívar en mano a amenazar al Congreso. Esta vez, sus trinos posteriores a la derrota en el Capitolio revelaron una ansiedad pocas veces vista. En palabras del propio jefe de Estado, se trató de una “felonía” y acusó sin pruebas a Camargo de ser un “juez corrupto”, generando tensiones no solo con el Congreso, sino también con la Corte Suprema y la propia Corte Constitucional.

El escenario ahora plantea un dilema para el petrismo: radicalizar su discurso en pleno año electoral, reforzando la narrativa de la lucha contra las élites, o buscar acuerdos que permitan salvar las reformas pendientes, entre ellas la tributaria por 23 billones de pesos, la reforma a la salud y la corrección de la reforma pensional, que requiere subsanar errores de procedimiento.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha abogado por mantener los acuerdos con sectores liberales, conservadores disidentes y de La U, que fueron decisivos en la aprobación de la primera tributaria, la jurisdicción agraria y la reforma pensional. Pero con la expulsión de figuras claves del gabinete y de entidades donde estos partidos tenían influencia, las mayorías se tambalean. “Si Petro se queda sin representación, los senadores y representantes no tendrán razones para respaldar sus proyectos”, explicó una fuente legislativa.

En paralelo, la llegada de Carlos Camargo a la Corte Constitucional reconfigura el tablero institucional. La Sala Plena queda integrada por nueve magistrados con un equilibrio delicado: Petro cuenta con aliados como Vladimir Fernández y Héctor Carvajal —ambos cercanos al mandatario—, pero enfrenta el contrapeso de figuras críticas como Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses. El nuevo magistrado, visto por algunos como derrota del Ejecutivo, será clave en debates sobre la reforma pensional, la tributaria, la legalidad de decretos y la controvertida zona binacional con Venezuela.

La historia reciente muestra que Petro tiende a radicalizarse cuando pierde en el Congreso. Lo hizo con la Constituyente que propuso desde Puerto Rellena, con la amenaza de consulta popular tras el fracaso de la laboral, y ahora vuelve a dejar sobre la mesa un discurso de confrontación. El regreso del presidente desde Japón, donde asiste a la Expo Osaka, definirá si opta por el aislamiento político o si corrige para asegurar un cierre de gobierno con logros legislativos.