El proyecto presentado por el ministro de Hacienda de Gustavo Petro, Germán Ávila, quiere confiscar 26,3 billones de pesos, y desató alertas por sus altos efectos inflacionarios y el fuerte golpe al bolsillo de todos los colombianos, especialmente los más vulnerables.

El gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria, la tercera de su administración, con la que espera confiscar 26,3 billones de pesos subiendo impuestos al bolsillo de los colombianos para garantizar “la estabilidad de las finanzas públicas”. La iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda Germán Ávila, será discutida en paralelo con el Presupuesto General de la Nación de 2026, fijado en 556,9 billones de pesos, la cifra más alta en la historia del país.

Aunque Ávila defendió la propuesta como una medida necesaria y llamó a un “debate serio y responsable”, los sectores productivos encendieron las alarmas. El sector petrolero, la industria licorera y el comercio electrónico coinciden en que el proyecto tendría efectos inflacionarios, recesivos y que desincentivarían la inversión, golpeando de frente a los consumidores y a las regiones.

Uno de los puntos más sensibles es el incremento en el precio de los combustibles. Según cálculos de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), el galón de gasolina corriente, que hoy cuesta en Bogotá alrededor de 16.293 pesos, pasaría primero a 17.330 y luego alcanzaría los 18.000 pesos. En el caso del diésel, el ajuste llevaría el precio actual de 10.976 pesos a 11.788 pesos por galón. “Con estos incrementos, los colombianos que salimos en bus, en taxi o en carro a tomar cerveza, vamos a tener que quedarnos en la casa tomando agua”, advirtió Frank Perl, presidente de la ACP.

El comercio electrónico también sería impactado. La reforma propone eliminar el beneficio de la figura “de minimis”, que permitía a mercancías de menos de 200 dólares ingresar al país sin pagar IVA. Esto afectará especialmente compras provenientes de Asia bajo la modalidad de paquetería. Para María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, la medida “equipara la cancha” con los productores nacionales e inversionistas locales, pero implicará que toda compra en el exterior, sin importar su valor, pague el 19% de IVA.

Otro de los sectores más golpeados sería la industria licorera. De acuerdo con Esteban Ramos, presidente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), la reforma no solo plantea subir el IVA de los licores del 5% al 19%, sino también incrementar en un 119% el impuesto al consumo, que se calcula según los grados alcoholimétricos. El efecto en precios es demoledor: una botella de aguardiente de 750 ml, que hoy cuesta 37.000 pesos al distribuidor, pasaría a 52.000 pesos, lo que representa un aumento del 45% al distribuidor y hasta del 60% para el consumidor final.

Ramos advirtió que los precios elevados podrían desincentivar el consumo legal y disparar el mercado ilegal de licores, generando pérdidas fiscales y poniendo en riesgo la salud pública. “Cuando la gente vaya a encontrar precios tan elevados, se va a desincentivar el consumo legal y lo que se va a incentivar es la ilegalidad”, dijo.

“Una botella de aguardiente de 37.000 pesos pasará a 52.000 pesos. El aumento será del 45% al distribuidor y hasta del 60% al consumidor final”, alertó Esteban Ramos, presidente de la FLA.