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La sentencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenando a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, fue emitida por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá. A pesar de la condena, se le otorgó la detención domiciliaria.
En un fallo histórico, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión, que fue emitida en un documento de 1.114 páginas, señala que Uribe es responsable de manipular el curso de la justicia penal utilizando terceros para presionar y obtener retractaciones de testigos clave.
El caso, que lleva años en el sistema judicial, fue cerrado con una sentencia que incluyó la inhabilitación de Uribe para ocupar cargos públicos y una multa de 2.420 salarios mínimos legales vigentes. Aunque se le concedió la detención domiciliaria, el expresidente deberá cumplir su condena desde su residencia en Rionegro (Antioquia), bajo la supervisión de su familia.
La jueza 44 de conocimiento de Bogotá fundamentó su fallo en el acervo probatorio que incluía testimonios, interceptaciones legales, documentos y registros audiovisuales. Este material demostró que Uribe estuvo involucrado en un esquema para desviar la justicia penal a través de la manipulación de testigos, en particular de los exparamilitares que inicialmente lo implicaron.
En su fallo, la jueza también se refirió a la intervención de la Procuraduría y las objeciones planteadas por la defensa, destacando que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron suficientes para demostrar la responsabilidad del expresidente. En este sentido, la jueza subrayó la importancia de la claridad y precisión en la formulación de los hechos y cómo las pruebas recopiladas fueron determinantes para la condena.
El abogado de Uribe, Jaime Granados Peña, indicó que apelará la sentencia y presentará un recurso ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Uribe, quien ya había sido vinculado a este caso en 2018, fue acusado de haber determinado las acciones del abogado Diego Cadena, quien, a través de presiones, logró que varios exparamilitares se retractaran de sus declaraciones contra el exmandatario.
Una de las tácticas utilizadas por la defensa fue la argumentación sobre la ilegalidad de las interceptaciones telefónicas, las cuales fueron realizadas en el contexto de un caso diferente relacionado con el representante Nilton Córdoba. La jueza, sin embargo, desestimó estas quejas y validó las interceptaciones, afirmando que eran cruciales para el caso y que se ajustaban a la legalidad.
La sentencia también abordó las conversaciones entre Uribe y Cadena, rechazando la defensa del secreto profesional entre abogado y cliente. La jueza determinó que las interacciones entre ambos no estaban protegidas por ese derecho, ya que el contenido de las conversaciones indicaba una presunta conspiración para alterar la justicia.
Con esta condena, Álvaro Uribe Vélez se convierte en el primer expresidente colombiano en recibir una sanción penal. La defensa del exmandatario radicará el recurso de apelación el próximo 11 de agosto, buscando que se revoque la condena y se declare su inocencia.
