En medio de una feroz disputa, la empresa Keralty, conocida por ser dueña de Sanitas, ha decidido tomar medidas legales contra el presidente Gustavo Petro. Esto después de que el mandatario realizara una serie de acusaciones gravemente perjudiciales durante su discurso sobre el sistema de salud, en las que implicaba a la compañía y a su dueño, el español Joseba Grajales, en actos de corrupción y criminalidad. Keralty, a través de su abogado Juan David Riveros, radicó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara, acusando al presidente de calumnias y comportamientos discriminatorios sin ninguna base o prueba concreta. Las acusaciones de Petro, que incluyen vínculos con el crimen organizado y la financiación de campañas políticas con dinero ilícito, se consideran una agresión directa y sistemática contra la reputación de la empresa.

La denuncia presentada por Keralty ante la Comisión de Acusación se centra en las declaraciones emitidas por el presidente Gustavo Petro, en las que lo acusó de vincularse con actividades criminales sin evidencia alguna. Según el documento, firmado por el abogado de la empresa, Juan David Riveros, las declaraciones del presidente son “injustificadas” y “sin respaldo judicial ni probatorio”. El jurista argumenta que la actitud del presidente Petro no corresponde a una crítica legítima o defensa de la gestión pública, sino a un acto de calumnia reiterada con la intención de dañar la honra de la compañía.

En su alocución, Petro afirmó que Keralty y su dueño se beneficiaban de contratos ilegales y se señalaban como responsables de crímenes de lesa humanidad, acusaciones gravísimas que el abogado de Keralty considera sin fundamento. En la denuncia, Riveros afirma que el presidente incurrió en injuria y calumnia al hacer imputaciones sin ninguna evidencia probatoria y sin respetar el derecho a la honra de los afectados. Además, se menciona que las declaraciones presidenciales violaron los derechos fundamentales de Grajales, al basarse en su nacionalidad española para justificar un trato discriminatorio.

«Las manifestaciones realizadas por el presidente no constituyen hechos aislados ni espontáneos, sino que configuran una conducta reiterada y sistemática de imputaciones falsas en contra de mi representado», señala el abogado. Esta es una de las primeras acciones legales tomadas por una empresa en respuesta a los ataques verbales y públicos del presidente Petro contra actores económicos del país.

Otro aspecto relevante de la denuncia es la discriminación hacia el dueño de Keralty por su nacionalidad. Riveros sostiene que Petro ha actuado con motivación discriminatoria, ya que ha utilizado la nacionalidad del empresario español como justificación para sus acusaciones y para restringir sus derechos fundamentales, como la libertad de circulación y de ejercer actividades económicas en Colombia.

El abogado, al detallar los elementos del tipo penal de injuria y calumnia, insiste en que las acusaciones del presidente no solo son falsas, sino también irresponsables y destructivas. «El presidente Petro imputó falsamente al directivo español de Keralty la comisión de diferentes delitos, sin respaldo judicial ni probatorio, afectando gravemente su integridad moral», señala la denuncia.

La denuncia también hace énfasis en cómo las declaraciones presidenciales causaron un daño irreparable al buen nombre de Keralty, afectando no solo su reputación empresarial, sino también a los trabajadores y sus clientes. Según el abogado, las acusaciones públicas lanzadas sin pruebas han tenido efectos devastadores en la empresa y la relación de confianza con los ciudadanos colombianos.