Desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022, la Policía Nacional ha sufrido cambios significativos en su estructura, especialmente en los rangos más altos. Las purgas de altos oficiales y la política de depuración del gobierno han reducido considerablemente el número de generales y coroneles, lo que genera preguntas sobre el impacto que estas decisiones tienen en la seguridad nacional.

Bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, la Policía Nacional ha experimentado una purga interna que ha resultado en una drástica disminución de los altos mandos. Desde 2022, el número de generales en la Policía ha caído de 37 a 18, una cifra menos de la mitad de la cantidad que existía al inicio del gobierno. Esta reducción ha sido acompañada por una caída en el número de coroneles, lo que ha dejado a la Policía sin la cantidad de oficiales de alto rango necesarios para tomar decisiones estratégicas en el ámbito de la seguridad pública.

Las purgas y la depuración dentro de la Policía no son solo un cambio administrativo, sino que tienen implicaciones directas para la seguridad nacional. Los generales y coroneles son los responsables de liderar las grandes unidades de la Policía, coordinar operaciones de seguridad y tomar decisiones críticas en tiempos de crisis. Con una cantidad insuficiente de oficiales de alto rango, muchas de estas funciones han sido asumidas por oficiales con menos experiencia, lo que podría afectar la capacidad de respuesta ante situaciones de seguridad complejas.

El gobierno de Petro ha justificado estas purgas como parte de una estrategia para depurar la Policía de elementos corruptos o desorganizados. Sin embargo, la salida de tantos oficiales con años de experiencia y formación en cargos estratégicos ha generado preocupación entre los expertos en seguridad. Catalina Miranda, coordinadora de seguridad y crimen organizado de la Fundación Ideas para la Paz, señala que la salida de tantos generales representa una pérdida de inversión en tiempo, dinero y formación, lo que podría tener consecuencias negativas a largo plazo para la Policía y, por ende, para la seguridad en Colombia.

Además de la purga interna, el gobierno ha enfrentado un problema estructural en el pie de fuerza de la Policía, que aún está por debajo de los 150 mil uniformados, lejos de los 200 mil recomendados por expertos en seguridad. El déficit de personal ha obligado al gobierno a implementar el Plan 20.000, una iniciativa para aumentar la cantidad de patrulleros y oficiales. Si bien esta medida tiene un impacto positivo, no resuelve el problema a corto plazo, ya que los nuevos uniformados carecen de la experiencia y capacitación necesaria para asumir roles estratégicos.

A lo largo de este proceso, la desconfianza dentro de la Policía ha aumentado. Fuentes internas han señalado que muchos oficiales temen por su futuro y sienten que el gobierno está debilitando la institución, lo que ha generado una falta de cohesión y liderazgo dentro de la Policía Nacional. En lugar de fortalecer la institución, las políticas de depuración y las salidas masivas de oficiales han creado un ambiente de incertidumbre que podría afectar la moral y la eficacia de la Policía a nivel nacional.