El Reporte Mundial de Drogas 2025 lanza una advertencia severa al gobierno de Gustavo Petro sobre el rol protagónico de Colombia en la producción y tráfico de cocaína, generando preocupación internacional y tensión diplomática.

El más reciente Reporte Mundial de Drogas 2025 publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC), confirma una realidad inquietante y deja muy mal parado al gobierno de Gustavo Petro: Colombia es el principal motor del “boom” global de la cocaína, con un 71.84% de participación en la producción mundial. Según los datos analizados hasta el cierre de 2023, el país fabricó potencialmente 2.664 toneladas métricas de cocaína de alta pureza, de un total global de 3.708 toneladas.

Este récord en la producción va de la mano con cifras históricas en cultivos ilícitos: Colombia registró 253.000 hectáreas sembradas de coca, frente a 92.784 en Perú y 31.000 en Bolivia. Es decir, más del doble que los otros dos países andinos combinados. Respecto al año anterior, Colombia incrementó su área de cultivos en 23.000 hectáreas, mientras que Perú y Bolivia reportaron ligeros descensos o aumentos marginales.

El informe destaca que este crecimiento no se limita a la oferta. El consumo mundial también ha explotado, pasando de 17 millones de consumidores en 2013 a 25 millones en 2023. Este crecimiento está estrechamente vinculado con la clase alta de países desarrollados, especialmente Estados Unidos y Europa, que representan los principales destinos de la droga.

Angela Me, directora de investigación de UNODC, advirtió que “la cocaína se ha puesto de moda en las sociedades más acomodadas”, alimentando un círculo vicioso donde la demanda crece a medida que se expande la producción. El economista Santiago Tobón complementó este análisis señalando que el mercado está dominado por dinámicas de oferta: “El incremento en la producción cambió las dinámicas de consumo, duplicándolas en una década”.

Colombia, según el reporte, es hoy un país invadido por intereses transnacionales del crimen. Mafias de 19 países participan activamente en el negocio: carteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, organizaciones criminales europeas como la ‘Ndrangheta italiana y grupos balcánicos, entre otros. Todos ellos en alianza con las disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, La Oficina y la llamada Nueva Junta Directiva del Narcotráfico.

Las políticas de los últimos gobiernos colombianos también han influido en esta escalada. La suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato durante el gobierno de Juan Manuel Santos, así como los incentivos a cultivadores en el marco de los Acuerdos de Paz, abrieron espacio al crecimiento de la coca. Por su parte, el actual presidente Gustavo Petro optó por no criminalizar a los cultivadores, reduciendo drásticamente la erradicación forzada: de 68.893 hectáreas en 2022 a apenas 9.403 en 2024.

A pesar de incautar 883,7 toneladas de cocaína en 2024, estas cifras no compensan la magnitud de lo producido, lo que evidencia la ineficacia de la política de interdicción en solitario. La estrategia de “paz total” también ha sido aprovechada por los grupos criminales, que usaron los ceses al fuego para expandir sus territorios, como lo reconoció el propio gobierno.

El informe llega en un momento diplomáticamente sensible, justo cuando Estados Unidos debe decidir si renueva o no la certificación de Colombia en la lucha antidrogas. La no certificación traería graves consecuencias en inversión extranjera, turismo, aranceles y cooperación militar. Tobón no descarta que Washington utilice esta herramienta como presión para el cambio político en 2026.

Frente a este escenario, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció en abril que se retomarán las fumigaciones con glifosato, pero solo de forma manual y terrestre. Actualmente el plan está en fase de ajustes logísticos, adquisición de químicos y contratación de personal. La gran duda es si el gobierno podrá mostrar resultados antes de septiembre, fecha clave para la certificación.