Confederaciones sindicales señalan al senador Miguel Uribe de haber puesto en riesgo su vida por realizar proselitismo fuera del calendario electoral, el mismo día del atentado que lo dejó gravemente herido en Bogotá.

En medio del delicado estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras el atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá, se conoció una acción judicial inesperada. Dos sindicatos del Ministerio de Defensa —la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional (Sinsergen)— presentaron ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura en su contra.

La acción judicial se basa en la presunta realización de actos de proselitismo político por parte de Uribe Turbay el mismo día del atentado. Según los demandantes, el senador habría aprovechado su cargo para realizar actos públicos, reuniones y publicaciones en redes sociales con la intención explícita de promover su futura candidatura presidencial, pese a que el calendario electoral oficial no habilita aún el inicio de campañas.

Para las organizaciones sindicales, esta conducta representaría una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al usar su posición legislativa para avanzar en una campaña anticipada. En su argumento, resaltan que este comportamiento no solo constituye una falta legal, sino que también habría desencadenado el atentado en su contra, calificándolo como una consecuencia directa de haber “expuesto su vida en un acto ilícito”.

El documento entregado al Consejo de Estado advierte: “A pesar de haber sido víctima de un ataque con arma de fuego, no puede desligarse de la responsabilidad por incurrir en actos contrarios al orden legal vigente que rige la actividad política”. El caso fue asignado al magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, presidente de esa alta corte, quien evaluará en los próximos días si la acción es admitida para su estudio formal.

“Dicho acto ilícito realzado expuso su vida, la cual cobró de que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo”, se lee en la demanda de los sindicatos UTC y Sinsergen.

Mientras tanto, el congresista completa tres semanas de hospitalización en la Fundación Santa Fe. Según reportes médicos, su condición sigue siendo delicada y se encuentra bajo monitoreo constante. La Fiscalía General, por su parte, no ha determinado un móvil concreto, aunque ha señalado que no existen antecedentes de amenazas personales, conflictos conocidos o extorsiones en su contra, lo cual refuerza la hipótesis de un atentado con motivaciones políticas.

El sicario que disparó contra Uribe fue capturado minutos después del atentado, y las investigaciones siguen abiertas en busca de los autores intelectuales. El país espera esclarecer pronto lo ocurrido, mientras la opinión pública y el Congreso observan con atención esta nueva dimensión jurídica en el caso.