Durante los alegatos finales, la Fiscalía expuso que Uribe habría ofrecido beneficios a testigos para que se retractaran de declaraciones en su contra, solicitando una condena por soborno y fraude procesal.

El juicio oral en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal avanzó esta semana con una contundente intervención de la Fiscalía General de la Nación. En sus alegatos finales, la entidad pidió formalmente que el exmandatario sea condenado, alegando que existen suficientes elementos probatorios para demostrar su responsabilidad penal.

Durante los días martes 24 y miércoles 25 de junio, la Fiscalía presentó ante el juzgado sus principales argumentos, entre ellos testimonios, documentos oficiales e interceptaciones telefónicas. Pese a los cuestionamientos de la defensa y los señalamientos sobre la credibilidad del principal testigo, Juan Guillermo Monsalve, la Fiscalía respaldó plenamente sus declaraciones y reiteró que todas las pruebas presentadas fueron obtenidas con apego a la legalidad. “Las pruebas ingresadas por la Fiscalía cumplieron ese rito de legalidad y, con base en ellas, la Fiscalía considera que ha cumplido el deber de probar y, por ello, debe emitirse un sentido de fallo condenatorio”, aseguró el ente acusador.

La teoría central de la Fiscalía sostiene que el expresidente Uribe habría instruido a su abogado, Diego Cadena, para que se contactara con un grupo de exparamilitares encarcelados, con el fin de que se retractaran de señalamientos previos hechos en contra del líder político. Según la Fiscalía, esas retractaciones habrían sido buscadas mediante la oferta de dádivas y beneficios penitenciarios, a cambio de firmar documentos que favorecieran la imagen del exmandatario en procesos judiciales anteriores. “Las pruebas practicadas con inmediación y bajo su dirección han sido concluyentes”, añadió el fiscal del caso ante el juzgado.

La defensa de Álvaro Uribe ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que no existe ninguna prueba que lo vincule directamente con actos ilegales. Además, niegan cualquier tipo de intervención indebida sobre testigos y califican la investigación como una persecución política. Sin embargo, la Fiscalía insistió en que todos los elementos fueron evaluados con garantías procesales y bajo la supervisión del juez de conocimiento, quien deberá decidir si acoge o no la solicitud de condena.

“Hoy, con pleno respeto de las garantías procesales, comparece el ente fiscal a solicitar un sentido de fallo condenatorio”, reiteró la Fiscalía ante el estrado judicial.

Después de la intervención de la Fiscalía, se espera que las presuntas víctimas del proceso, representadas por sus abogados, tengan la oportunidad de sustentar su petición. Estas intervenciones se realizarán en dos sesiones consecutivas y se anticipa que también pedirán la condena del expresidente. El caso de Álvaro Uribe sigue siendo uno de los más emblemáticos y divisivos en la historia judicial reciente del país.