La exministra del Deporte del gobierno Petro reapareció ante la Corte Suprema para responder por una presunta maratón de contratos firmados sin cumplir los requisitos legales. El caso involucra más de 100 contratos y serias alertas de corrupción.

En una sorpresiva reaparición pública, la exministra del Deporte María Isabel Urrutia asistió este miércoles 25 de junio a la audiencia de acusación ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Urrutia, campeona olímpica y exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro, enfrenta un proceso judicial por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras una serie de contrataciones realizadas cuando ya no estaba oficialmente en el cargo.

La audiencia fue presidida por el magistrado Ariel Torres, quien determinó que “la Sala declara formalmente acusada a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, como probable autora del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo”. El proceso penal se centra en al menos 104 contratos firmados a principios de marzo de 2023, cuando Urrutia había sido declarada insubsistente por el presidente Petro, pero que según las investigaciones, ella firmó directamente y extendió hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

La exministra compareció ante el alto tribunal con una actitud de colaboración: “Honorables magistrados, mucho gusto. Soy María Isabel Urrutia (…) entonces estoy dispuesta a lo que esta Sala determine y vamos a trabajar en el tema”. La gravedad del caso no radica solo en la cantidad de contratos, sino en las irregularidades que detectaron la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría tras una alerta inicial emitida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Según documentos revelados por SEMANA, durante 2023 se suscribieron 442 contratos en el Ministerio del Deporte, y casi el 30 % de ellos fueron considerados sospechosos por duplicidad, falta de control y presuntas irregularidades. De esos, al menos 106 contratistas firmaron dos contratos simultáneos o consecutivos antes del vencimiento del primero. Urrutia los renovó directamente a pesar de haber sido retirada del cargo, lo que ha sido interpretado como una maniobra para blindar a ciertos funcionarios.

El actual concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció públicamente esta “maratón de contratos” en redes sociales, señalando que varios movimientos contractuales se realizaron hasta la medianoche del último día de Urrutia en el cargo. La Contraloría General y la Fiscalía ya tienen en su poder los nombres y detalles de cada uno de los contratistas implicados. Este proceso judicial se convierte en uno de los casos más relevantes de presunta corrupción en el gabinete del actual gobierno.