Vicepresidencia pidió $77.500 millones para 2025, pero solo le aprobaron $16.927 millones. En 2024 ya había sufrido un fuerte recorte. La entidad advierte que la ejecución de sus programas está en riesgo.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una crisis presupuestal sin precedentes que ha obligado a recortes drásticos en múltiples entidades estatales, incluida la Vicepresidencia de la República, liderada por Francia Márquez. La situación financiera fue confirmada por la propia entidad en respuesta a un derecho de petición, en el que reveló que de los $77.500 millones de pesos solicitados para 2025, solo se le asignaron $16.927 millones.

Este significativo recorte no solo refleja el ajuste fiscal del Ministerio de Hacienda, sino que ha encendido las alarmas dentro del Ejecutivo sobre la capacidad operativa de la Vicepresidencia para cumplir con sus funciones misionales. Márquez, tras su salida del Ministerio de Igualdad, fue encargada por Petro para coordinar políticas públicas que promuevan el cierre de brechas sociales, económicas, culturales y ambientales, tareas que, según la entidad, quedarían gravemente comprometidas.

El recorte presupuestal se desglosa en múltiples líneas presupuestales truncadas. Por ejemplo, de los $20.168 millones solicitados para promover la diversidad étnica y cultural, solo le asignaron $4 millones. Asimismo, $2.432 millones requeridos para iniciativas de empoderamiento económico de las mujeres fueron completamente negados, al igual que $23.784 millones destinados a estrategias de comunicación para comunidades marginadas.

Otros rubros desfinanciados incluyen el sistema de seguimiento de las misiones de la Vicepresidencia ($7.100 millones negados) y el monitoreo de órdenes incumplidas del Estado a sujetos de especial protección constitucional ($8.500 millones rechazados). Incluso se le negaron $1.042 millones destinados a financiar proyectos que promovieran la autonomía y dignificación del trabajo de las mujeres.

Paradójicamente, la entidad recibió rubros no solicitados, como $1.257 millones para análisis jurídicos de políticas públicas y $3.754 millones para mecanismos de seguimiento interinstitucional. Algunos ítems sí fueron parcialmente aprobados: por ejemplo, $3.900 millones requeridos para seguimiento a casos de racismo se convirtieron en $1.233 millones asignados.

“La vicepresidencia solicitó $77.500 millones para 2025, pero solo llegaron $16.927 millones. Muchos programas fueron completamente desfinanciados o truncados”, revela el documento oficial.

Esta situación no es nueva. En 2024, la Vicepresidencia también sufrió un recorte: solicitó $84.300 millones, pero apenas recibió $31.154 millones. Para 2023, en contraste, recibió la totalidad de lo solicitado ($50.000 millones), lo que plantea un cambio evidente en el respaldo político y financiero a la gestión de Márquez en la actual administración.

Los recortes se producen en medio de tensiones políticas entre el presidente y su vicepresidenta, y en un contexto donde el Congreso ha bloqueado la aprobación de un nuevo presupuesto general. Varios sectores ven este recorte como una estrategia política que busca debilitar la figura de Francia Márquez dentro del gobierno.

El impacto sobre programas sociales, especialmente en regiones vulnerables, es inminente y podría generar protestas y reclamos tanto de las bases sociales del petrismo como de las comunidades étnicas, afrodescendientes y mujeres, principales beneficiarios de la gestión de la vicepresidenta.