La Fiscalía General de la Nación judicializó a William Fernando González Cruz, presunto responsable de coordinar al menor que ejecutó el atentado contra el senador Miguel Uribe. Fue imputado por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores en actividades ilícitas.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos formales a William Fernando González Cruz, conocido como alias El Hermano o El Viejo, tras determinarse su presunta participación directa en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. El ataque ocurrió el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá, cuando un menor de edad disparó contra el político que actualmente aspira a la Presidencia de la República. La imputación incluye los delitos de tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, uso de menores para actividades delictivas y destrucción de evidencia.

Según la Fiscalía, alias El Hermano tuvo un rol determinante en la planificación y ejecución del atentado. Específicamente, habría sido el encargado de ubicar y reclutar al menor de edad que disparó contra Uribe Turbay. Las autoridades señalaron que el hoy capturado habría permanecido estacionado en un vehículo cerca del parque El Golfito —lugar donde se perpetró el atentado— y desde allí facilitó la logística del ataque y ayudó a los implicados a escapar. El material probatorio incluye registros de movimientos, videos y testimonios que vinculan directamente a González Cruz con la estructura que planeó el ataque.

Durante la audiencia preliminar del jueves 20 de junio, la fiscal del caso presentó los elementos materiales ante el juez de control de garantías, destacando que alias El Hermano representa un peligro para la sociedad. Aunque la defensa del acusado rechazó los cargos, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, argumentando riesgo de fuga y posibilidad de obstrucción a la justicia. Esta es la cuarta persona detenida por el caso, sumándose a los otros tres capturados —incluido el menor de edad— quienes también han negado su responsabilidad y exploran negociaciones judiciales.

El atentado ha generado una fuerte reacción en la opinión pública y en el espectro político colombiano, particularmente por el uso de un menor de edad como sicario y por el nivel de planeación detrás del crimen. Las autoridades temen que este caso no sea un hecho aislado, sino parte de una red criminal más amplia que estaría detrás de ataques selectivos a figuras políticas. Tanto el Congreso como el Concejo de Bogotá han exigido al Gobierno Nacional medidas extraordinarias para proteger a los líderes políticos y evitar que la violencia se normalice como método de intimidación. La Fiscalía ha prometido esclarecer completamente este caso y dar con todos los responsables, materiales e intelectuales.