El hallazgo de fotos del alcalde Carlos Fernando Galán y de la fiscal Luz Adriana Camargo en el celular del presunto sicario de Miguel Uribe encendió las alarmas en el Concejo de Bogotá, que exige acciones urgentes al Gobierno nacional.

La seguridad de las figuras públicas en Colombia vuelve a estar en el centro del debate nacional. El Concejo de Bogotá emitió este jueves 20 de junio un contundente llamado al Gobierno nacional, exigiendo acciones urgentes tras el hallazgo de material fotográfico del alcalde Carlos Fernando Galán y la fiscal general Luz Adriana Camargo en el celular del joven capturado por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Según reveló Noticias RCN, en el dispositivo se encontraron al menos 30 fotos del alcalde y una imagen de la fiscal general, lo que ha sido catalogado como una amenaza de máxima gravedad.

En un comunicado emitido por la Mesa Directiva del cabildo distrital, los concejales expresaron su “profunda preocupación” por el hecho, considerando que pone en riesgo no solo a los funcionarios mencionados, sino a todo el esquema institucional del país. “Solicitamos medidas urgentes al Gobierno nacional para garantizar la seguridad de quienes estarían en riesgo”, reza el documento, advirtiendo que no puede permitirse que estas amenazas se normalicen o se subestimen.

El concejal Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, fue enfático: “Esto no es cualquier amenaza. La seguridad de nuestros líderes está en juego. Que se investigue a fondo y sin miedo. Colombia no puede seguir así”. La corporación distrital alertó también sobre la posibilidad de que el atentado contra Uribe no sea un hecho aislado, sino parte de una estructura criminal más amplia que estaría recopilando información sobre otras figuras clave del Estado. Esta hipótesis agrava la situación, y ha despertado pronunciamientos de preocupación desde diversos sectores políticos y sociales del país.

La Fiscalía General de la Nación y las autoridades de inteligencia ya habrían comenzado a evaluar si hay elementos suficientes para establecer que existe una red organizada detrás de los seguimientos, y si hay otros funcionarios en riesgo inminente. Mientras tanto, el Concejo de Bogotá ha dicho que seguirá vigilante ante los avances del caso y exigirá resultados claros y eficaces para proteger la vida y el ejercicio de quienes representan el Estado democrático colombiano.