Reclusas Exponen Condiciones Inhumanas en Cárcel de Bogotá

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, y otras reclusas denunciaron comida en mal estado, presencia de ratas, y demoras en la entrega de alimentos, condiciones que amenazan su salud y dignidad. Cumpliendo una condena de cinco años y dos meses por vandalismo durante el paro nacional de 2019, Epa Colombia volvió a captar la atención pública al visibilizar la crisis del sistema penitenciario. Al día siguiente, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), teniente coronel Daniel Gutiérrez, admitió en rueda de prensa las fallas en la cárcel, reconociendo problemas de infraestructura, salud, y, especialmente, alimentación. Sin embargo, mientras las reclusas claman por soluciones, las promesas de mesas de trabajo suenan a déjà vu en un sistema que lleva décadas en deuda con los derechos humanos.

Gutiérrez, en su pronunciamiento, no esquivó la gravedad de las denuncias. “Desafortunadamente, todavía continuamos con problemas de infraestructura, de salud y, sobre todo, de alimentación”, afirmó. Detalló que en El Buen Pastor “se han presentado hechos de mala alimentación: que no llega a tiempo, que no está bien cocinada, que no tiene el gramaje que es”. Videos compartidos en redes, gestionados por la pareja de Epa Colombia, muestran alimentos poco apetitosos y audios donde las internas reportan roedores y retrasos en las comidas. En respuesta, Gutiérrez anunció mesas de trabajo con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), encargada del suministro alimentario. “Uspec es la responsable de la alimentación”, enfatizó, deslindando al Inpec de parte de la culpa.

El caso de Epa Colombia, recluida desde el 30 de enero de 2025 en el patio 4 de El Buen Pastor, ha reavivado el debate sobre el sistema carcelario colombiano. Su condena por perturbación del servicio público, instigación a delinquir con fines terroristas, y daño en bien ajeno generó controversia, con sectores que la ven como desproporcionada. Su abogado, Ómar Ocampo, ha intentado sin éxito obtener prisión domiciliaria, argumentando que la separación de su hija de nueve meses, Daphne Samara, vulnera derechos fundamentales. Sin embargo, Gutiérrez confirmó que no se ha solicitado la tenencia de la menor en la cárcel, aunque el penal cuenta con un pabellón para madres con hijos menores de tres años.

La crisis alimentaria no es nueva. El hacinamiento, que afecta al 55% de las cárceles agrava las condiciones, con 15.000 reclusos trasladados desde estaciones policiales tras el Auto 1096 de la Corte Constitucional. La respuesta del Inpec, limitada por recursos y señalada por corrupción histórica, se reduce a promesas de diálogo. Uspec, bajo escrutinio por contratos cuestionados según La Silla Vacía (2024), enfrenta el desafío de garantizar alimentos dignos. Mientras, las reclusas, con Epa Colombia como vocera accidental, siguen esperando un cambio que no llega.

La denuncia de Epa Colombia no es solo un grito de indignación; es un espejo de un sistema penitenciario colapsado. Las mesas de trabajo anunciadas por Gutiérrez podrían ser un paso, pero sin inversión y voluntad política, el hambre y el abandono seguirán reinando en El Buen Pastor.