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            Cada día se hace más evidente la corrupción rampante en el Corazón del Gobierno Petro

            Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de los hombres de mayor confianza del presidente Gustavo Petro, enfrenta un torbellino judicial. El 6 de junio de 2025, la fiscalía general de la Nación lo imputó por lavado de activos, peculado, y cohecho en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Audios revelados durante la audiencia, obtenidos de declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, comprometen a González en un entramado de sobornos por $4.000 millones a los congresistas Iván Name, entonces presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento en prisión, argumentando que González representa un riesgo para el proceso, que apenas comienza.

            La investigación destapa una red de corrupción que sacude los cimientos del gobierno Petro. Según la Fiscalía, González ordenó cambiar una oferta inicial de contratos por $70.000 millones a sobornos en efectivo: $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle, fondos provenientes de la contratación irregular de la UNGRD. Los audios, que incluyen testimonios de López, detallan reuniones en el tercer piso del Palacio de Nariño, aprovechando consejos de ministros. “Llego yo a Palacio y nos reunimos con el doctor Carlos Ramón González en el despacho”, afirmó López. Estas revelaciones pintan un cuadro de negociaciones clandestinas en el corazón del poder, con González (probablemente con órdenes directas del presidente) como presunto arquitecto de un esquema para comprar voluntades en el Congreso.

            El escándalo, que ya tiene a media docena de exfuncionarios tras las rejas y uno condenado, ha generado indignación en la opinión pública. Con CUIDADANOS cuestionando cómo un gobierno que prometió “cambio” terminó enredado en múltiples escándalos de corrupción y sobornos millonarios. La Fiscalía insiste en que González debe estar en prisión para garantizar su comparecencia, especialmente tras reportes de que su celular fue rastreado en Nicaragua, aunque su paradero no está confirmado. El exfuncionario, vinculado al Partido Verde y con una carrera de influencia en la política colombiana, niega las acusaciones, pero los audios y el testimonio de López lo colocan en una posición delicada.

            La UNGRD, creada para gestionar desastres naturales, se ha convertido en un símbolo de la podredumbre burocrática del Gobierno de Gustavo Petro. Mientras el país enfrenta emergencias climáticas, los recursos destinados a las víctimas fueron desviados, según la Fiscalía, para engrosar bolsillos en el Congreso. La imputación de González no solo cuestiona su rol, sino la supervisión del gobierno Petro sobre sus aliados más cercanos. ¿Cómo llegó un escándalo de esta magnitud a las puertas de Palacio? La justicia tiene la palabra, pero la confianza ciudadana, ya erosionada, pende de un hilo. La audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá definirá si González enfrenta la cárcel o logra sortear, por ahora, las rejas que lo esperan.

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