La Fiscalía Detalló la aberrante Corrupción en la UNGRD y Pide Cárcel para otro funcionario del círculo más cercano a Gustavo Petro

La fiscalía general de la Nación reveló el 4 de junio de 2025 cómo César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública, recibió $3.000 millones en sobornos entre enero y marzo de 2024, en 8 entregas realizadas en baños del centro comercial Gran Estación y su apartamento en Chapinero Alto, Bogotá. El dinero, proveniente de contratos de la UNGRD gestionados por la Fundación Yapurutú en La Guajira, fue manejado por Édgar Riveros, quien está preso por intentar desviar las investigaciones. Ana María Riveros retiró $3.000 millones de una cuenta en Davivienda y los entregó a Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la UNGRD, en los baños del centro comercial.

Barreto, a su vez, trasladó el dinero a Jorge Aristizábal, un funcionario cercano a Manrique en Función Pública, quien lo llevó a su jefe en el parqueadero de la sede de la entidad y su apartamento. La Fundación Yapurutú giró $5.060 millones por contratos millonarios, de los cuales $3.000 millones fueron para Manrique, según la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema. La Fiscalía calificó este esquema como una “organización criminal” liderada por Manrique entre 2023 y 2024, y pedirá a la jueza 66 de control de garantías una medida restrictiva de libertad por la gravedad de los delitos.

La narrativa oficial de la Fiscalía busca proyectar un avance contra la corrupción, pero el caso de Manrique, quien renunció en noviembre de 2024 tras señalamientos, despierta escepticismo. En mayo de 2025, la audiencia de imputación contra Manrique y otros 7 implicados en la UNGRD fue reprogramada por inasistencias, evidenciando demoras judiciales. Además, Manrique ya fue condenado a 10 años en marzo de 2025 por irregularidades en la compra de motos eléctricas en 2012, durante la alcaldía de Petro, aunque sigue libre mientras apela, según reportes de Semana.

Manrique, otro aliado histórico de Petro desde el M-19, enfrenta ahora múltiples procesos que podrían marcar un precedente o reforzar la percepción de impunidad. Si la jueza aprueba la medida restrictiva, podría ser un paso hacia la justicia; si no, el caso podría diluirse como otros de alto perfil relacionado directamente con Gustavo Petro.