Los partidos unidos Piden Intervención de las Altas Cortes para hacer que se respete la constitución

Ocho partidos políticos (Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI) rechazaron el 4 de junio de 2025 el anuncio de Gustavo Petro de decretar una consulta popular sobre reforma laboral, calificándolo como un “golpe de Estado” y una “violación grave a la Constitución”. En un comunicado conjunto, acusaron al presidente de irrespetar la separación de poderes al ignorar el rechazo del Senado del 14 de mayo (49 votos en contra, 47 a favor). El Consejo de Estado ratificó el 3 de junio que el archivo fue un “acto definitivo”.

Los partidos también señalaron que la decisión de Petro constituye un “grave daño institucional” y pidieron a las altas Cortes, al registrador Hernán Penagos y a los órganos de control actuar con independencia. Exigen que Penagos verifique la legalidad del decreto antes de fijar un calendario electoral, recordando que el Senado ya rechazó la consulta legítimamente. Además, advierten que el decreto violaría un fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado que desestimó una demanda contra el archivo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el decreto está en preparación y podría emitirse antes de agosto, lo que ha intensificado las críticas de la oposición. La consulta busca revivir la reforma laboral hundida en marzo, pero los partidos aseguran que Petro pretende usarla para movilizar a sus bases y polarizar al país. Este no es el primer enfrentamiento entre Petro y el Congreso: en 2024, ya había usado decretos para el presupuesto, generando acusaciones de abuso de poder.

La crisis pone en jaque el equilibrio de poderes: si Petro firma el decreto, podría desencadenar una batalla legal en la Corte Constitucional, que definirá su legalidad. Si se aprueba, sentaría un precedente peligroso; si se anula, podría agravar la tensión institucional. ¿Es esta consulta un mecanismo democrático o un ataque al orden constitucional que Petro prometió respetar?