Denuncia de la revista SEMANA destapa la mentira de Camargo en el caso del saqueo del Gobierno Petro a la UNGRD.

La fiscal general Luz Adriana Camargo enfrenta una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, presentada el 3 de junio de 2025 por Samuel Alejandro Ortiz, tras revelaciones de SEMANA que demuestran que mintió sobre su intervención en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Camargo afirmó el 13 de mayo en un documento que los fiscales tenían autonomía para negociar principios de oportunidad, pero un informe del 14 de mayo revela que su autorización era necesaria para el preacuerdo de Sandra Ortiz, testigo clave. La negativa a negociar con Ortiz y Olmedo López pone en riesgo procesos contra exministros como Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, y congresistas como Iván Name, dejando latente la impunidad en un escándalo que involucró sobornos al Congreso para aprobar reformas del Gobierno Petro.

Ortiz, estudiante de derecho que ya demandó la elección de Camargo ante el Consejo de Estado, también señala nexos entre la fiscal, el magistrado Vladimir Fernández y Laura Sarabia, sugiriendo que influyeron en su designación en 2024. La denuncia incluye el retiro de protección a la hija de Ortiz, notificado días antes de su declaración en la Corte Suprema, lo que genera dudas sobre la seguridad de los testigos. La Red de Veedurías Ciudadanas, que recusó a Camargo, también la acusa de falsedad en documento público, un delito que podría comprometer su permanencia en el cargo.

La narrativa oficial de la Fiscalía, que insiste en su independencia, se desmorona ante las pruebas de SEMANA. La relación de Camargo con Fernández, señalado por Ortiz de usar fondos corruptos de la UNGRD para su elección como magistrado, y su cercanía con el Gobierno Petro, generan dudas sobre su imparcialidad. Si los procesos contra los implicados colapsan, el saqueo de la UNGRD, que involucró más de $46.800 millones en sobrecostos de carrotanques en La Guajira, podría quedar impune, erosionando la confianza en la justicia. La Comisión de Acusación deberá actuar con celeridad para esclarecer si Camargo obstruye la verdad y a quién protege.