Testigos Denuncian Posible Impunidad en el escándalo de Corrupción más grande de los últimos 20 años en Colombia

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, denunciaron el 1 de junio de 2025 que la fiscal general Luz Adriana Camargo frena su colaboración en el caso de corrupción que involucra sobornos al Congreso durante el Gobierno Petro. En una carta de 11 páginas a la fiscal María Cristina Patiño, López expresó “preocupación, tristeza y dolorosa decepción” por sentirse “abandonado” tras entregar pruebas que señalan a exministros como Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, y a figuras como Carlos Ramón González. Reveló un soborno de $13.000 millones para silenciar a Sneyder Pinilla, ofrecido por Luis Carlos Barreto y Édgar Riveros, y criticó que la Fiscalía no apeló la negativa de su preacuerdo, dejándolo en “indefensión jurídica”. Ortiz, por su parte, acusó a Camargo de “ocultar la verdad”, señalando que su principio de oportunidad sigue pendiente pese a la promesa de “justicia premial” de la fiscal.

La negativa de Camargo a negociar con ambos testigos pone en riesgo los procesos contra excongresistas como Iván Name y Andrés Calle, ya detenidos, y podría paralizar investigaciones contra Velasco, Bonilla, González y el magistrado Vladimir Fernández. El 31 de mayo de 2025 se hicieron públicos documentos que contradicen a Camargo, quien afirmó no intervenir en los principios de oportunidad, mostrando que su autorización es clave, lo que generó acusaciones de falsedad en documento público. El exministro Luis Felipe Henao propuso que la Corte Suprema cite a Camargo para evaluar posibles conflictos de interés, mientras crecen los llamados a nombrar un fiscal ad hoc.

La narrativa oficial de la Fiscalía, que enfatiza autonomía e independencia (según declaraciones de Camargo el 13 de mayo de 2025), choca con las denuncias de López y Ortiz, quienes aseguran que su colaboración es bloqueada deliberadamente. La falta de apoyo a testigos clave podría garantizar impunidad en un escándalo que involucró más de $46.800 millones en sobrecostos de carrotanques en La Guajira, según investigaciones iniciales. La relación de Camargo con Fernández, exsecretario jurídico de Petro y actual magistrado, también genera dudas sobre su imparcialidad, como señaló Pablo Bustos de la Red de Veedurías Ciudadanas. Si los procesos colapsan, el saqueo a la UNGRD podría quedar en el olvido, erosionando aún más la confianza en la justicia colombiana.