Conductores denuncian cobros extorsivos de $20.000-$50.000 para pasar el bloqueo

El 30 de mayo de 2025, a las 09:05 p.m., la minga indígena que bloquea la Troncal de Occidente en el sector de Remolinos, corregimiento de Viterbo, Caldas, ha sido denunciada por presuntamente cobrar entre $20.000 y $50.000 a conductores para permitirles el paso, según reportes de medios locales. La protesta, iniciada el 29 de mayo, busca supuestamente el reconocimiento oficial de siete comunidades originarias de Caldas y Risaralda, así como avances en la adjudicación de tierras, pero ha derivado en extorsiones. Conductores reportan que se les exige “colaborar para el fresco”, mientras otros, como un conductor en la vía Medellín-Manizales, denuncian haber sido golpeados por pedir paso.

La situación ha generado indignación entre los afectados. “Están obligando a los pasajeros a bajarse de los buses, incluso a niños y personas enfermas”, señaló un conductor intermunicipal a El Expreso. Testigos también confirmaron que un bus de servicio público y un camión de carga fueron atravesados en la vía para aumentar la presión, según Infobae. La minga, liderada por la Organización Regional Indígena de Caldas, exige respuestas del Ministerio del Interior, pero la ausencia de intervención efectiva de la Policía o el Ejército ha incrementado la percepción de inseguridad. El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció, denunciando los cobros como un abuso.

Este no es un caso aislado. En 2019, una minga en Chocó bloqueó vías hacia Antioquia y Risaralda por cuatro días, causando desabastecimiento, según Noticias Caracol. Ahora, la protesta en Remolinos afecta una vía clave que conecta el Eje Cafetero con Antioquia y el Valle del Cauca, impactando a transportadores y ciudadanos. Aunque la minga justifica su accionar como una medida para visibilizar sus demandas, las denuncias de extorsión y agresiones plantean preguntas sobre la legitimidad de sus métodos. La Agencia Nacional de Tierras reportó avances en la adjudicación de tierras, pero los acuerdos no han sido suficientes para levantar el bloqueo, según Infobae.

El caso refleja un dilema recurrente en Colombia: el derecho a la protesta versus el derecho a la movilidad.