Mientras Andrea Valdés espera dar a luz tras haber denunciado abuso sexual por parte de dos guardias del Inpec, la justicia no autoriza su traslado a una guarnición especial, y el ICBF evalúa quitarle la custodia del bebé.

El caso de Andrea Valdés, privada de la libertad y víctima de una presunta violación por parte de dos guardias del Inpec en la cárcel El Pedregal de Medellín, se ha convertido en un drama de múltiples capas. La mujer, que está a punto de dar a luz a un hijo que habría sido concebido en medio de los abusos, podría ser separada del bebé por una decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la falta de garantías por parte de la justicia.

Su abogado, Felipe Alzate, solicitó el traslado urgente de Valdés a una guarnición militar para asegurar su permanencia con el recién nacido. Sin embargo, el juez Francisco Javier Acosta delegó la decisión al Inpec, contradiciendo incluso a la ministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien había indicado que solo el juez tiene competencia para ordenar un traslado. La indefinición judicial ha puesto en riesgo el derecho de la madre a estar con su hijo tras el parto.

Este martes 13 de mayo se definirá en comité si Valdés puede ser acogida en el programa especial de infantes y gestantes en reclusión. Dicho programa, coordinado entre el ICBF, el Inpec y la Uspec, permitiría a la madre mantener al niño consigo dentro de un entorno institucional controlado. No obstante, la permanencia está condicionada a requisitos como buen comportamiento, tipo de delito y ausencia de consumo de sustancias, factores que podrían excluirla del beneficio.

Mientras tanto, Andrea Valdés continúa detenida sin autorización para la prisión domiciliaria ni medidas especiales de protección, lo que implicaría entregar a su hijo a una fundación o tercero una vez nazca. “Mi representada está próxima a dar a luz —en menos de 15 días— y, en un nuevo evento revictimizante y atentatorio de sus derechos humanos y fundamentales, deberá entregar en custodia a su hijo que está por nacer”, denunció el abogado Alzate.

“Revictimizante”, así calificó la defensa esta situación, que se suma al hecho de que Valdés fue abusada sexualmente en una institución del Estado y hoy no se le garantiza ni protección ni permanencia con su hijo.