

La gobernadora del Valle del Cauca criticó al Gobierno nacional por negarse a aprobar el proyecto de regalías que beneficiaría a comunidades de Jamundí y Buenaventura con cultivos legales y alternativas productivas.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, alzó la voz contra el Gobierno nacional al denunciar la falta de aprobación del proyecto de regalías destinado a la sustitución de cultivos ilícitos en el departamento. Según la mandataria, esta negativa está afectando directamente a comunidades vulnerables en zonas como Jamundí y Buenaventura, donde ya se había avanzado en la articulación de propuestas de producción legal y sostenible.
“Nosotros tenemos un proyecto de regalías para poder generar proyectos productivos legales en varios municipios, entre ellos Jamundí, 700 hectáreas para todo el Valle del Cauca, y no nos dan la posibilidad de que se apruebe el proyecto para poder tener los recursos, que son nuestros”, denunció Toro con vehemencia. En esa misma línea, explicó que solo en Jamundí se contempla la transformación de 200 hectáreas con participación activa de dos comunidades, y que cinco consejos comunitarios de Buenaventura también esperan su inclusión en estas estrategias.
La mandataria insistió en que el proyecto no solo busca atacar el problema del narcotráfico desde la raíz, sino también ofrecer alternativas reales y sostenibles a campesinos y comunidades afro e indígenas que durante años han estado atrapadas en economías ilegales. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno nacional ha dejado en el limbo la aprobación del plan, lo que limita la posibilidad de acceso a recursos provenientes del sistema de regalías.
Este escenario cobra mayor relevancia luego de que SEMANA revelara el fracaso del primer laboratorio legal de coca en el Cauca, una propuesta que pretendía transformar la hoja en productos farmacéuticos y saborizantes legales. El proyecto, liderado por el líder indígena Victoriano Piñacué, atrajo una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, pero acabó en ruinas, sin apoyo estructural ni continuidad, obligando a sus participantes a volver a venderle coca a los narcotraficantes. Lo que parecía un hito para el país, terminó siendo otro ejemplo de abandono institucional.
“No es posible que no hayan aprobado ese proyecto cuando es de beneficio para la comunidad. Les vamos a dar a los campesinos todo el desarrollo productivo… y no nos apoyan”, remarcó Dilian Francisca Toro, visiblemente indignada.
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