Durante una audiencia pública en la Comisión Séptima del Senado, representantes de pacientes y expertos acusaron al Gobierno Petro de improvisación, falta de financiación y politización de la salud.

El lunes 21 de abril de 2025 inició un nuevo ciclo de discusión del polémico proyecto de reforma a la salud del Gobierno Nacional, que busca superar su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, donde ya había fracasado hace un año. En esta primera mesa técnica, convocada por la senadora Norma Hurtado (Partido de La U), participaron pacientes, profesionales de la salud, gremios y voceros institucionales, quienes expusieron con dureza las deficiencias del proyecto.

La hermana María Inés Delgado, vocera de pacientes trasplantados, fue una de las voces más duras:

“El Gobierno ha sido indolente. Vivimos un calvario para obtener tratamientos. Nos dejaron solos.”

Por su parte, Denis Silva, líder de Pacientes Colombia, advirtió que la reforma no garantiza atención integral ni diagnósticos a tiempo, en especial para quienes padecen enfermedades huérfanas o de alto costo:

“Lo que han presentado es una colcha de retazos sin articulación, que fragmenta el sistema y eleva el riesgo de corrupción.”

La Defensoría del Pueblo, a través de su vocera Claudia Vaca, cuestionó el rol ambiguo de la ADRES y los mecanismos de financiación del sistema, alertando que los llamados «impuestos saludables» podrían ser insuficientes frente al gasto proyectado en salud hasta 2034. “No hay garantías de sostenibilidad”, señaló.

Finalmente, Néstor Álvarez, vocero de pacientes de alto costo, fue tajante:

“Desfinanciar la salud fue una decisión irresponsable de Gustavo Petro. Eso no es ético ni legal. Hoy millones de colombianos están pagando las consecuencias.”

Esta fue la primera de cuatro mesas técnicas y se complementará con seis audiencias públicas antes de que se radiquen ponencias oficiales para votación. Sin embargo, el clima ya está cargado. La voz ciudadana es clara: la salud no puede ser un campo de batalla político.