La exconsejera para las regiones de Gustavo Petro, Sandra Ortiz, reconoció ante la Corte Suprema de Justicia su conocimiento sobre irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y está en conversaciones con la Fiscalía para alcanzar un acuerdo que podría implicar beneficios judiciales.

En una declaración ante la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2024, Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones del gobierno de Gustavo Petro, reveló detalles sobre las irregularidades en la UNGRD. Ortiz afirmó que el plan inicial contemplaba la adquisición de 180 carrotanques, superando ampliamente los 40 que fueron objeto de controversia por un valor de más de 46.000 millones de pesos. Esta compra, según las investigaciones, presentaba sobrecostos y estaba dirigida a beneficiar al contratista Luis Eduardo López.

Ortiz también señaló que recibió alertas sobre posibles actos de corrupción en la UNGRD, especialmente relacionados con la distribución de ayudas en La Guajira. Mencionó que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y otros funcionarios podrían estar involucrados en actividades políticas utilizando recursos de la entidad. Estas declaraciones sugieren un uso indebido de los recursos destinados a la atención de desastres para fines políticos en regiones específicas.

En medio de las investigaciones, se ha informado que la defensa de Ortiz está negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía. Este acuerdo implicaría que Ortiz proporcione información valiosa sobre otros implicados en el caso, incluyendo a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, y al senador Iván Name. A cambio, Ortiz podría recibir beneficios judiciales, como una reducción de su pena o incluso inmunidad total.

Este caso ha generado un gran revuelo político, ya que las declaraciones de Ortiz y otros implicados han señalado a altos funcionarios y congresistas en presuntos actos de corrupción. La Fiscalía continúa recopilando testimonios y pruebas para esclarecer la magnitud de las irregularidades en la UNGRD y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.