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La región del Catatumbo, en Norte de Santander, vive una grave crisis humanitaria y de seguridad tras el recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. Este viernes, 17 de enero, la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de al menos 30 personas, entre ellas cinco firmantes del Acuerdo de Paz, en medio de esta ola de violencia.
El caos ha alcanzado nuevas dimensiones con denuncias que señalan al ELN de irrumpir en las viviendas de excombatientes en busca de ejecutarlos. Un video compartido en redes sociales por el periodista @jhonjacome muestra a tres presuntos guerrilleros armados forzando la entrada de una vivienda en el corregimiento San Pablo, en Teorama. Según el denunciante, horas después fueron encontrados sin vida Albeiro Díaz Franco y Yurgen Martínez Delgado, dos firmantes de paz. En otros puntos del Catatumbo, se reportaron asesinatos similares y desapariciones de excombatientes, cuyas circunstancias aún están por esclarecerse.
Frente a estos hechos, el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de los diálogos de paz con el ELN, calificando sus acciones como crímenes de guerra. “El ELN no tiene ninguna voluntad de paz. Lo que ha cometido en el Catatumbo son crímenes de guerra”, señaló el mandatario a través de su cuenta en X.
En un comunicado, el ELN respondió con amenazas directas hacia comerciantes, empresas y gremios locales del Catatumbo. Acusaron a las disidencias de las Farc, lideradas por un individuo identificado como “comandante Richard”, de ser paramilitares, y advirtieron que la violencia continuará en la región.
El grupo guerrillero extendió sus amenazas al gremio de mototaxis, comerciantes locales y empresas como Ecopetrol, DISICO y CENS, acusándolos de colaborar con las disidencias. Declararon a estas entidades como objetivos militares, advirtiendo que enfrentarán represalias si no cumplen con sus demandas.
El Catatumbo, una región clave para el control del narcotráfico y otras actividades ilegales, ha sido históricamente escenario de disputas violentas entre grupos armados. La Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas en noviembre sobre el alto riesgo en esta zona. Sin embargo, las advertencias no fueron suficientes para evitar el recrudecimiento de la violencia.
El conflicto ha generado desplazamientos masivos, confinamiento de comunidades y un aumento en los asesinatos selectivos. Organizaciones sociales han exigido al Gobierno Nacional y a las autoridades locales medidas urgentes para proteger a la población civil atrapada en medio de este conflicto.
