El grave caso de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro en la UNGRD también vincula a un familiar cercano de la primera dama en el indignante robo de los recursos destinados a enfrentar emergencias en La Guajira, uno de los departamentos más pobres de Colombia.

Un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha desatado polémica al implicar a Santiago Rafael Alcocer Vélez, primo de la primera dama Verónica Alcocer, en la compra cuestionada de 40 camiones cisterna por un valor de 29 mil millones de pesos. La fiscalía general de la Nación y la Procuraduría están investigando posibles irregularidades en estos contratos, gestionados por la UNGRD

Los camiones cisterna fueron adquiridos a través de Country Motors S.A., una concesionaria de Barranquilla, en una operación gestionada junto con la Corporación Conjunta para la Sostenibilidad y el Desarrollo Integral con Yapurutú. Según el medio El Tiempo, esta corporación tiene antecedentes de irregularidades y está bajo escrutinio debido al elevado costo de los vehículos.

Santiago Rafael Alcocer Vélez, gerente y accionista de Country Motors, posee 44.648 acciones de la concesionaria a través de su empresa Alquep SAS. En respuesta a las acusaciones, un portavoz de la concesionaria aseguró que la relación familiar con la primera dama no influyó en las operaciones de la empresa.

“Country Motors ha cooperado plenamente con las autoridades, proporcionando toda la información relacionada con la transacción”, afirmó el vocero de la compañía.

La comunidad afectada en La Guajira denunció el manejo indebido de los recursos destinados a mitigar la crisis hídrica. Los carrotanques adquiridos, supuestamente para contrarrestar esta problemática, no están operando de manera efectiva, lo que agrava la situación en una región históricamente golpeada por la sequía y la pobreza.

En protesta, víctimas de la crisis regalaron carrotanques de juguete decorados con figuras que simbolizan a los funcionarios implicados en el escándalo, buscando llamar la atención de la justicia sobre el desfalco.

“Este regalo navideño es un desagravio contra la corrupción”, afirmó Pablo Bustos, abogado defensor de las víctimas.

Verónica Alcocer ha decidido victimizarse y ha rechazado los intentos de vincularla al caso, calificándolos como parte de una campaña de difamación y un “crimen de odio”. En junio, denunció mensajes de WhatsApp que sugerían su participación en el entramado, y ha reiterado su disposición a colaborar con las investigaciones.