La exconsejera de Gustavo Petro, Sandra Ortiz, enfrenta cargos por tráfico de influencias y lavado de activos en un caso que involucra un desfalco de más de 92.000 millones de pesos que se usaron para comprar el apoyo de los congresistas a las reformas del «gobierno del cambio»

El 18 de diciembre de 2024, Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, fue enviada a prisión preventiva en el centro carcelario El Buen Pastor, en Bogotá. Esta medida se toma en el marco de una investigación por su presunta participación en un millonario esquema de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ortiz enfrenta cargos por tráfico de influencias y lavado de activos, delitos que niega haber cometido durante las audiencias iniciales.

La Fiscalía General de la Nación detalló que Ortiz recibió y transportó 3.000 millones de pesos en efectivo, utilizando vehículos oficiales para trasladar estos recursos a Iván Name, expresidente del Senado. Los fondos provenían de contratos fraudulentos en la compra de 40 camiones cisterna destinados al suministro de agua en La Guajira. Estos contratos, según las autoridades, incumplieron requisitos legales y técnicos, resultando en un desfalco de más de 92.000 millones de pesos.

El esquema de corrupción en la UNGRD involucró a altos funcionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla, designados por el presidente Gustavo Petro como director y subdirector de la entidad. Según la Fiscalía, estos recursos ilícitos fueron utilizados para pagar sobornos a cambio de apoyo a las reformas legislativas impulsadas por el gobierno actual. El escándalo, destapado en febrero de 2024, ha sacudido al país, alcanzando a otras figuras políticas, incluido el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exdirector de la DNI Carlos Ramón González.

Durante la diligencia de imputación de cargos, la fiscal Cristina Patiño destacó: “Ortiz creó riesgos jurídicamente desaprobados, idóneos y sustanciales al transportar los recursos ilícitos, con pleno conocimiento de su origen.” Este acto ha llevado a investigaciones adicionales sobre la responsabilidad de más funcionarios involucrados en este entramado de corrupción.

Este caso no solo expone graves fallas en la administración pública, sino también la falta de supervisión en entidades clave como la UNGRD, responsable de gestionar emergencias en Colombia. Las investigaciones en curso buscan desmantelar toda la red de corrupción que se desprende desde las más altas esferas de la presidencia de la república del «gobierno del cambio» y garantizar la rendición de cuentas de quienes abusaron de su poder en perjuicio del país.