Menu
El tribunal internacional declaró improcedente la solicitud de medidas provisionales del presidente Gustavo Petro por la investigación del CNE sobre presuntas irregularidades en su campaña presidencial de 2022.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) rechazó la solicitud presentada por la defensa del presidente Gustavo Petro para adoptar medidas provisionales en el marco de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la presunta violación de los topes de financiación en su campaña presidencial de 2022.
En una resolución emitida en noviembre de 2024 y conocida el 19 de diciembre, el tribunal internacional consideró improcedente la petición del mandatario, señalando que el CNE, como instancia administrativa, no tiene facultades para restringir derechos políticos. La Corte instó a Petro a resolver el asunto dentro del marco legal colombiano.
“El órgano administrativo en cuestión no tiene la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente”, indicó la resolución. La Corte subrayó que este caso no guarda relación con el fallo de 2020, cuando responsabilizó al Estado colombiano por la suspensión de Petro como alcalde de Bogotá, ni con las garantías de no repetición asociadas a ese proceso.
El presidente Petro argumentó que la investigación del CNE representa un “golpe blando” en su contra, buscando deslegitimar su mandato. Sin embargo, la Corte IDH fue enfática en que la investigación por parte del CNE debe seguir su curso dentro del marco de la ley colombiana y no compromete los derechos políticos del mandatario.
La investigación del CNE, que podría extenderse hasta julio de 2025, examina posibles irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a Petro a la Presidencia. El mandatario ha señalado que estas acciones son parte de una estrategia para debilitar su gobierno, calificando el proceso como un intento de injerencia política por parte de sectores opositores.
Con este fallo, la Corte IDH refuerza la importancia de mantener la independencia de las instituciones y del sistema legal colombiano en la resolución de casos que involucran a altos funcionarios del Estado.
