La declaración de ley marcial por parte del presidente Yoon Suk-yeol desató una crisis política en Corea del Sur, marcando un momento crítico para su democracia.

Corea del Sur enfrentó una de sus jornadas más tensas en tiempos recientes cuando el presidente Yoon Suk-yeol declaró la ley marcial el pasado 1 de diciembre. Justificando la medida como un mecanismo para proteger el orden constitucional frente a supuestas amenazas pro-norcoreanas, Yoon suspendió libertades fundamentales y militarizó el gobierno. La medida fue rechazada masivamente por el Parlamento y los ciudadanos.

El Parlamento, dominado por la oposición, reaccionó de inmediato, convocando una sesión de emergencia donde votó unánimemente contra la ley marcial. Mientras tanto, miles de ciudadanos protestaron en las calles de Seúl y otras ciudades, exigiendo el respeto a los principios democráticos. La presión social y legislativa obligó al presidente Yoon a revocar la medida en menos de 24 horas, desmovilizando a las tropas desplegadas.

Este episodio, que evidencia una creciente polarización entre el Ejecutivo y el Legislativo, ha generado preocupación internacional. Países como Estados Unidos han instado al gobierno surcoreano a resolver las tensiones mediante el diálogo y respetando los principios democráticos. La oposición ahora pide la renuncia del presidente, lo que deja al país en una situación de incertidumbre política.