La denuncia incluye acusaciones de presiones indebidas y conflictos de interés en contratos relacionados con la hidroeléctrica.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó una denuncia ante la fiscalía general de la Nación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Nicolás Alcocer, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntas presiones indebidas y manejos irregulares en la hidroeléctrica Urrá S.A. ESP. La acción legal, radicada el pasado 28 de noviembre de 2024, surge tras recibir mensajes anónimos que alertaban sobre conflictos de interés y posibles favorecimientos en la adjudicación de contratos.

Entre las acusaciones principales se señala la intención de ambos denunciados de tomar control de Urrá S.A. ESP y beneficiar a aliados cercanos, particularmente en la construcción del Parque Solar URRÁ 19.9, proyecto a cargo del consorcio Lux Power 2022, que lleva más de dos años de retraso. Según la denuncia, el consorcio incluye a Luxim Ingeniería SAS, vinculada a Lucía Muñoz y David Cerón, cercanos a Nicolás Alcocer.

Presuntas irregularidades
El caso incluye una reclamación por 60.000 millones de pesos hecha por el consorcio Lux Power 2022, además de menciones sobre contratos estatales que habrían favorecido a Power China, empresa relacionada con el sector energético en Colombia.

Además, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa en septiembre de 2024 para investigar posibles irregularidades en contratos de la hidroeléctrica, que superarían el billón de pesos. Según el Ministerio Público, estos contratos habrían involucrado condiciones simuladas de negociación y altos márgenes no relacionados con criterios técnicos.

La denuncia presentada por Bonilla amplía un panorama de irregularidades en la gestión de la hidroeléctrica, señalando a varios funcionarios y contratistas que habrían tenido acceso privilegiado a información técnica, favoreciendo a empresas específicas en procesos licitatorios.

Impacto y seguimiento
Esta acción legal representa un nuevo capítulo en los casos de presunta corrupción que afectan a altos funcionarios y empresas vinculadas al sector energético. Mientras la Procuraduría avanza en sus investigaciones, se espera que las autoridades judiciales esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.